La aprobación de la ley de violencia vicaria se retrasa por las discrepancias en el seno del Gobierno

La ley contra la violencia vicaria no se aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros, como preveía el Ministerio de Igualdad: el Gobierno ha decidido aplazar su aprobación para dar margen a la negociación entre los distintos ministerios, después de las reticencias mostradas por Juventud e Infancia con los de Justicia e Igualdad.

Pese a la intención de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de elevar la ley al Consejo de Ministros la próxima semana, las diferencias entre los distintos departamentos gubernamentales y la decisión del Ministerio de Juventud e Infancia de descolgarse del proyecto han llevado al Ejecutivo a dar más tiempo para consensuar el texto con todas las partes, según fuentes conocedoras de la negociación.

El jueves, el departamento de Sira Rego anunciaba que se desmarcaba del proyecto como ministerio coproponente ante la negativa de Justicia a modificar cuestiones que podrían implicar riesgos para la protección de las víctimas, como advirtieron asociaciones feministas.

Juventud e Infancia planteaba modificaciones relativas a la tipificación de la violencia vicaria, el régimen de visitas, la patria potestad y el derecho de escucha de niños, niñas y adolescentes.

Y lo hacía después de que la Coordinadora Estatal para la Erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional enviara una carta a ese ministerio, Justicia e Igualdad, en la que advertía que el texto legal, tal y como estaba planteado, podría dejar a las madres víctimas en una situación de inseguridad jurídica.

Esta coordinadora defendía en su escrito que la tipificación de la violencia vicaria no se puede hacer de "cualquier forma", expresaba su "gran preocupación ante las propuestas planteadas" y pedía que la ley no se limite a retoques superficiales o a crear figuras nuevas que entren en contradicción con el concepto de violencia vicaria, como un delito neutro de violencia vicaria sin relacionarlo con la violencia machista.

En respuesta, la posición de Juventud e Infancia fue defender que es inaceptable que el texto actual siga permitiendo al agresor mantener contacto con hijos e hijas víctimas de violencia vicaria o de género y señalar que no queda garantizado el derecho de escucha de los menores.

Ante la negativa de Justicia de modificar los aspectos citados, Juventud e Infancia decidió retirarse del proyecto como coproponente. Sin embargo, el Gobierno quiere intentar sacar adelante el texto con consenso y por eso se ha ampliado el plazo de la negociación.

Fuentes de Igualdad aseguran que "se negociará todo lo que sea necesario para sacar un buen texto". El pasado miércoles, Redondo reconocía que se trata de un "texto delicado" y precisaba que se intentaría conciliar las demandas de las víctimas con una "técnica legislativa correcta".