El 'Govern' pone precio a la investidura

Precampaña del 28-A

Los independentistas tenderán la mano a Sánchez tras los comicios con la condición de que pacten un referéndum

Quim Torra, presidente de la Generalitat, lee unos documentos antes de la reunión del 'Govern'. / Alejandro García / Efe

Barcelona/A menos de un mes de las elecciones generales, todos los partidos mueven ficha para posibles acuerdos. También los partidos independentistas, que abren la puerta del diálogo al PSOE, con la condición sine qua non de que el futuro Ejecutivo adquiera un compromiso que hoy parece quimérico: una nueva consulta de autodeterminación. El Govern de Quim Torra, en palabras de la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, afirmó que tras el 28 de abril van a tender la mano al Gobierno y recalcó al candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, que cualquier investidura pasará por poder hablar "de todo", incluido un "referéndum pactado".

Tras la reunión del Ejecutivo catalán, Budó lamentó, tras el acto del jefe de Gobierno en Tarragona del pasado domingo, que a su juicio no haya otras propuestas del PSOE que "no sea hablar de Cataluña con contundencia", por lo que cree que en la campaña de las elecciones generales "el tema central no será los problemas reales de los ciudadanos de España, sino Cataluña".

Asimismo, después de la propuesta del líder del PP, Pablo Casado, por la prevalencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil sobre los Mossos d’Esquadra, la portavoz del Govern señaló, en alusión también a Ciudadanos y Vox, que "los tres partidos de la extrema derecha se hacen la competencia para ver quién la dice más gorda".

Budó pidió al PP que deje de "atizar la catalanofobia" y reclamó que se abstengan de "usar políticamente" a los Mossos, a los que se deberían "apartar del debate político". En todo caso, remarcó que el Govern va a seguir con su línea de actuación pese a que durante la campaña electoral pueda haber "chistes día tras otro". Budó insistió en que no ha escuchado en esta precampaña "ninguna propuesta" de PP, Cs, Vox ni PSOE que sea "constructiva" y que aborde "los problemas reales de la gente", sino que todas son para "hablar de Cataluña con contundencia", como es el caso, dijo, del acto en Tarragona de Pedro Sánchez y el líder del PSC, Miquel Iceta.

No obstante, subrayó que el diálogo será por parte del Govern "la base para construir cualquier futuro acuerdo" y remarcó que "cualquier proceso de investidura" pasará por "poder hablar de todo", incluidos, incidió, "la autodeterminación y un referéndum pactado".

Crédito de 814 millones al Ejecutivo

Asimismo, la Generalitat aprobó un decreto ley que concede un suplemento de crédito, que tendrá que satisfacer íntegramente el Estado, de unos 814 millones de euros a los Presupuestos de 2017 (prorrogados en 2019) para atender nuevos gastos, como los relacionados con los aumentos salariales de los trabajadores públicos y el retorno del 40% de su paga extra de 2013.

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès, explicó que la medida responde a que los créditos de gasto previstos en las cuentas de 2017 resultan insuficientes para atender las necesidades surgidas desde entonces, con carácter recurrente e impacto en el ejercicio actual.

"Es un problema de España, no de Cataluña", argumentó Aragonès para solicitar este suplemento de crédito al Gobierno.

Torra es imputado por desobedecer con los lazos

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acordó investigar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a raíz de la querella de la Fiscalía que lo acusa de desobediencia por desoír la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de edificios públicos.

En un auto, que puede ser recurrido, la Sala Civil y Penal del TSJC resolvió admitir a trámite la querella del Ministerio Público y designó instructor de la causa a Carlos Ramos, el único magistrado designado a propuesta del Parlament y que formó parte del tribunal que juzgó al ex presidente catalán Artur Mas por el 9-N.

A través de un mensaje en Twitter, Torra comunicó que ya ha firmado la notificación de la querella de la Fiscalía y advirtió: "Ante un Estado autoritario, hemos decidido vivir sin miedo. Con la libertad de expresión, hasta las últimas consecuencias".

En su querella, presentada el pasado miércoles, el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, acusa a Torra de desatender "reiteradamente" las órdenes de la JEC cuando mantuvo simbología "partidista" en edificios públicos, lo que en su opinión reviste "especial gravedad en cuanto incide directamente en el derecho de participación política de la totalidad de la ciudadanía".

La Fiscalía añade en su querella que el president desoyó "consciente y deliberadamente" el requerimiento "claro y expreso" emitido por la Junta Electoral y mantuvo los elementos que le pedía retirar, "aunque fuera de manera encubierta y simbólica".

Tras recibir el ultimátum de la JEC, el 18 de marzo, Torra anunció que seguiría las recomendaciones del Síndic de Greuges sobre el asunto y, tres días después, sustituyó la pancarta a favor de los políticos presos del Palau de la Generalitat por otra con el mismo mensaje, pero con un lazo blanco con una franja roja, en vez de amarilla. Ello motivó una nueva resolución de la JEC, que acordó llevar el caso a la Fiscalía.