Política social para 12.000 onubenses

QUÉ HACEMOS

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Aprobada en 2006 con un amplio apoyo, la Ley de Dependencia llega a 2015 tras haber sufrido los embates de la crisis económica, que ha recortado y ralentizado su aplicación. Es fuente continua de confrontamiento político: mientras el Gobierno de la Junta de Andalucía reprocha al central su escasa aportación (inicialmente cada Administración debía aportar un 50% del coste del servicio y la autonómica asegura pagar el 78% del mismo), el Ejecutivo de Rajoy reafirma su apuesta por el sistema de apoyo a las personas dependientes. Unos 12.000 onubenses que necesitan ayuda para el desarrollo de actividades de la vida diaria son en la actualidad beneficiarios del sistema de dependencia con 16.200 prestaciones.

PP

La ministra de Empleo, Fátima báñez, asegura que "el Gobierno ha hecho en estos años una clara apuesta por la dependencia. Una apuesta que se verá incrementada y potenciada, ya que en los presupuestos para 2016 la dotación inicial para dependencia es de 75 millones más que en 2015".

En este sentido, señala, "hemos hecho de la dependencia un sistema sostenible y más transparente que atiende en primer lugar a los grandes dependientes, que son los que más lo necesitan. Hemos impulsado toda una serie de medidas con el objetivo de prestar una mejor atención a los beneficiarios del sistema, de más calidad, con unos criterios que garanticen la igualdad en la concesión de las prestaciones en todo el territorio nacional, más profesional, con impacto en el empleo y respetando los principios recogidos en la propia Ley de Dependencia". Esto es, "priorizando la atención a los mayores dependientes".

Según los datos que aporta la número 1 del PP al Congreso, el 80% de los beneficiarios con prestación ya se encuentran atendidos. "Y se han incorporado al sistema 249.062 nuevos beneficiarios, 8.588 al mes y 286 al día. Además, la lista de espera se ha reducido en un 40%. Es la cifra más baja desde el inicio de la prestación".

PSOE

El PSOE recuerda que "la Ley de la Dependencia fue creada por un Gobierno del PSOE en 2006. La financiación de este derecho debía ser compartida al 50% entre Estado y comunidad autónoma, pero en estos momentos la Junta de Andalucía está soportando el 78% de la financiación, mientras el Gobierno sólo aporta un 22%".

"Nuestro compromiso -subraya el candidato socialista al Congreso José Juan Díaz Trillo- es volver a financiar desde el Gobierno de la Nación ese 50%. "Desde la puesta en marcha de la Ley de la Dependencia, la Junta de Andalucía ha invertido 601 millones de euros en la provincia de Huelva", señala. "Sólo este año, de enero a septiembre, la inversión de la Junta ha superado los 45 millones de euros en la provincia".

"Desde enero de 2014 a junio de este año se han incorporado 2.100 personas beneficiarias con 3.800 prestaciones nuevas en la provincia. Además se han realizado, 7.300 nuevas valoraciones y revisiones. Sólo el pasado octubre Huelva incorporó 1.000 personas a la Ley de Dependencia, mientras en la Comunidad de Madrid se incorporaron 1.500. La diferencia entre los dos modelos está clara", remarca el socialista.

"Nuestro objetivo es modificar la Ley para suprimir las restricciones incorporadas en esta legislatura en materia de incompatibilidades y cuidados familiares, garantizando el acceso con carácter universal, con equidad mediante derecho en el sistema público de servicios sociales, que se han visto gravemente afectadas. Además, vamos a derogar el incremento del copago introducido, impulsar la financiación para a la reducción de listas de espera y para la incorporación al sistema de todas las personas en situación de dependencia moderada", explica Díaz Trillo.

"Realizaremos una evaluación de la aplicación de la ley detectar las carencias existentes en su aplicación. E incorporaremos con carácter inmediato al Régimen General de la Seguridad Social a los cuidadores familiares", finaliza.

UP-IU

La número 2 de IU al Congreso, Mabel Gutiérrez, explica que su formación considera "prioritario que el denominado cuarto pilar del Estado del Bienestar, la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia, esté blindado en la Constitución y no sometido a los vaivenes presupuestarios de los últimos años, dotando a las comunidades autónomas de partidas presupuestarias suficientes y finalistas destinadas a este fin".

La coalición reclama "un presupuesto extraordinario para recuperar lo perdido en los últimos años de recortes" y "disminuir los trámites y el tiempo de resolución para la concesión de las ayudas". "Creemos que son los ayuntamientos, como administraciones mas cercanas a la ciudadanía, los que mejor conocen la realidad social en cada territorio y por tanto hay que dar marcha atrás a la reforma local del PP que ha venido a limitar competencias a los entes locales en servicios sociales y Dependencia".

Además, Gutiérrez plantea "incrementar la cuantía de la prestación de los asistentes personales fijándolo en el 150% del SMI para el grado III y el 100% para el grado II". También defiende la inclusión de medidas de accesibilidad universal para personas con diversidad funcional y que la ayuda a domicilio tenga una financiación suficiente para cumplir el número de horas de atención mensual establecido inicialmente por la Ley en función del grado reconocido.

PODEMOS

"La dependencia es uno de los pilares más recientes del Estado del Bienestar y que, junto a la lucha contra la violencia de género, más han castigado los gobiernos allá donde esté el PP", asegura la número 1 de Podemos al Congreso por Huelva, Isabel Franco.

"Existen numerosos estudios en los que se dice que si a las personas dependientes se les garantizase desde el Estado el derecho a la asistencia personal que les concede la ONU, el coste para el Estado sería muy pequeño", remarca. "En Podemos son más de treinta las propuestas bajo el marco de la dependencia, entre ellas: una ley de autonomía y dignidad de las personas en situación de dependencia, sus asistentes y sus familias, la implantación de medidas como el deporte adaptado a los dependientes y la creación de un foro ciudadano permanente sobre dependencia y diversidad funcional". También aboga por que haya rehabilitación y fisioterapia gratuitas para las personas con dependencia.

C'S

El candidato al Congreso por Ciudadanos, Rafael Corrales, coincide en que "las políticas de dependencia ocupan un lugar destacado en el Estado del Bienestar de Ciudadanos. Tal es así que contemplamos la dependencia un derecho que hay que blindar en la Constitución".

"No se puede admitir que en nuestro país haya una interpretación distinta de la Ley de Dependencia según la comunidad autónoma en la que se viva", considera el candidato. "Por ello, es necesario descentralizar recursos y hacerlos municipales para que la política social esté más cerca de los ciudadanos".

"Un problema fundamental que se encuentra este colectivo es la intensa y ardua burocracia que se requiere para obtener prestaciones y ayudas, por lo que es fundamental agilizar y facilitar los trámites, suprimir duplicidades y unificar servicios, unificando, además, los criterios de baremación en todo el país", apostilla.

LA DEPENDENCIA

La ley promulgada en 2006 se encontró con la crisis y ralentizó su aplicación. En Huelva se pagan 16.200 prestaciones vinculadas a esta norma, destinadas a apoyar a aquellas personas que necesitan ayuda en su vida diaria.