En libertad los detenidos la semana pasada por vínculos con el 11-M

Incombustible y omnipresente. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón avanzó en uno de sus múltiples frentes y dejó ayer en libertad a todos los detenidos la pasada semana en Cádiz, Madrid y el área metropolitana de Barcelona acusados de facilitar la huida de cinco implicados en los atentados del 11-M, informaron fuentes jurídicas.

El juez ha impuesto, a petición de la Fiscalía, comparecencias semanales a tres ellos, un padre y sus dos hijos, My Driss Ben Moussa, Youssef Ben Moussa y Bilal Ben Moussa. Otros dos sospechosos -Mohamed Ben Hesaien y Abdelaziz Laakel- comparecerán ante el Juzgado de forma quincenal. Además, el magistrado ha prohibido a los cinco abandonar el territorio español.

En cuanto al resto de detenidos que no estaban encarcelados por otras causas (My Mhamed Idriss Hachim, Fouad Dkikar, Mostafa Filali y Mohamed Ben Hesaien) quedaron en libertad sin que se les impusieran medidas cautelares de ningún tipo.

El juez no fijó tampoco medidas para los cuatro arrestados en esta investigación que cumplían prisión por otras causas -Samir Tahtah, Kamal Ahbar, Omar Nakhcha y Driss Belhadi- que permanecerán encarcelados en cumplimiento de sus condenas anteriores.

Los presuntos islamistas fueron detenidos en ocho domicilios de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Madrid y Algeciras (Cádiz) y en las cárceles del Puerto de Santa María (Cádiz), Teixeiro (La Coruña), Zuera (Zaragoza) y Dueñas (Palencia).

Según informó el Ministerio del Interior, los ocho primeros detenidos, de nacionalidad marroquí, estarían vinculados a distintas labores de apoyo en la ocultación y posterior huida de otros tantos terroristas de Al Qaeda, entre ellos algunos implicados en los atentados de Madrid. En concreto, pudieron acoger, ocultar y facilitar la huída a Mohamed Larbi Ben Sellam, Daoud Ouhnane, Mohamed Afalah, Othman El Mouhib y Abdelilah Hriz. Las investigaciones desarrolladas son continuación de las llevadas a cabo en 2005, bajo el nombre de Operación Tigris, en la que se desarticuló una estructura terrorista que se encargaba del adoctrinamiento, reclutamiento, financiación y envío de terroristas a Iraq, con la misión de cometer acciones suicidas contra las tropas extranjeras y otros objetivos fijados por la organización Al Qaeda.

La operación policial, denominada Amat, fue ejecutada por agentes de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía en colaboración con las Brigadas de Información de Barcelona, Madrid y Algeciras, y bajo el control de la Audiencia Nacional.