Los nueve políticos presos se agarran a Alemania para reclamar la libertad

Cataluña

Las líderes del 'procés' instan a la Fiscalía a revisar el delito de rebelión para salir de prisión tras el dictamen de la Justicia germana de extraditar a Puigdemont sólo por malversación

Agencias

14 de julio 2018 - 00:38

Barcelona · berlín/El Govern y las defensas de los líderes del procés instaron a la Fiscalía a mover ficha y aprovechar el "nuevo contexto" abierto a raíz del relevo en su cúpula para revisar la acusación por rebelión y la prisión preventiva ante la "oportunidad" que ha abierto la Justicia alemana. Un día después de que la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein aceptara la extradición a España del ex president catalán Carles Puigdemont por un delito de malversación, pero no por rebelión, las defensas de los nueve líderes independentistas presos emplazaron ayer al Ministerio Público a efectuar una "relectura más prudente" de la prisión preventiva y de la imputación por rebelión.

Los abogados de los nueve presos anunciaron que solicitarán en bloque al Supremo que excarcele a los encausados, que desde esta semana permanecen ingresados en cárceles catalanas. Pese a ser conscientes de que la decisión del tribunal alemán no tiene "repercusión directa en términos legales" sobre la causa del procés, los abogados plantean a la Fiscalía un "win win" -una expresión anglosajona que significa que siempre salen ganando-, ya que creen que, con el "nuevo contexto" que se abre tras el relevo en la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Público tiene ahora una "oportunidad" para revertir el "desprestigio" que supondría mantener una acusación "desproporcionada".

Las defensas dejaron claro que esta apelación a la Fiscalía es sólo un "desiderátum" ya que no tienen ningún "input" en el sentido de que el Ministerio Público vaya a rebajar sus planteamientos, si bien se mostraron confiados en que mueva ficha con el nombramiento de María José Segarra como fiscal general del Estado. "En el nuevo contexto de la Fiscalía se puede entender que ellos también pueden resolver un problema propio", apuntó Andreu van den Eynde, abogado del ex vicepresidente Oriol Junqueras, que cree que la nueva situación es una oportunidad para el Ministerio Público "si quieren dejar de ser criticados y comparados con los estados menos democráticos de Europa".

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, aseguró ayer que hasta que los dirigentes independentistas encarcelados no sean libres "nada será normal" en Cataluña.

A la espera de la reacción del Tribunal Supremo, que se plantea rechazar la entrega de Puigdemont si sólo es por malversación, la Fiscalía alemana está pendiente de crear las "condiciones organizativas necesarias" para llevarla a cabo, según dijo la portavoz y fiscal primera de Schleswig-Holstein, Wiebke Hoffelner. Precisamente, Vox, única acusación particular en la causa contra los dirigentes del procés, pidió al Supremo que retire las órdenes de detención y entrega internacionales dictadas contra los políticos fugados si no se autoriza la extradición por todos los delitos que se les imputa.

El 'Govern' eleva a 7.600 millones la deuda pendiente

El vicepresidente catalán y conseller de Economía, Pere Aragonès, avisó de que "la solución al problema" en Cataluña no se resolverá con una nueva financiación, sino "reconociendo la autodeterminación", mientras elevó a 7.600 millones las deudas del Estado con la Generalitat. Tras su reunión del jueves con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Aragonès explicó que puso sobre la mesa las deudas pendientes por "deslealtades" del Gobierno e "incumplimientos" del actual modelo de financiación y acuerdos derivados del Estatut, que cuantificó en 7.600 millones -Andalucía, por ejemplo, le reclama al Estado 4.000 millones-. Asimismo, el Consejo de Ministros designó ayer a los representantes del Gobierno en la comisión bilateral Generalitat-Estado, que estará presidida por la ministra Meritxell Batet. La delegación del Ejecutivo estará compuesta por la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, y los secretarios de Estado de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor; Hacienda, Inés María Bardón; Infraestructuras, Pedro Saura; y Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla.

stats