La juez de instrucción 11 de Sevilla ha dictado auto de procedimiento abreviado contra Manoel Silva Rodrigues, el sargento brasileño detenido con 39 kilos de cocaína en el aeropuerto de Sevilla en junio pasado, cuando hizo escala en la capital andaluza un avión de la comitiva del presidente Jair Bolsonaro que se dirigía a una cumbre del G-20 en Japón.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía informan a este periódico de que, en el auto que pone fin a la investigación de la causa, la juez acusa al militar de un delito contra la salud pública y da a la Fiscalía diez días para que presente su escrito de acusación o pida el sobreseimiento de la causa.

Manoel Silva fue detenido el 25 de junio pasado cuando el avión de la comitiva presidencial brasileña hizo escala en el aeropuerto de San Pablo. El militar fue detenido cuando pasó por el escáner de la Guardia Civil una maleta con 37 tabletas de droga, cuyo análisis posterior arrojó un peso de 39 kilos de cocaína de gran pureza y un valor en el mercado ilícito de 1,3 millones de euros.

La instrucción de la causa ha sido muy rápida y la juez se pronunció hace unas semanas denegando la libertad bajo fianza al detenido.

El militar alegó entonces que había medidas alternativas a la prisión y menos gravosas para su situación personal, aunque sin entrar en el fondo del asunto sobre su implicación en el tráfico de drogas.

La juez, con apoyo de la Fiscalía Antidroga, ordenó que el sospechoso siguiese en prisión provisional sin fianza.

La investigación practicada no ha permitido determinar si Sevilla era el destino final de la droga y los posibles clanes que la estarían esperando.

Tras su detención el militar fue asistido por un abogado de oficio sevillano y una intérprete de portugués y se acogió a su derecho a no declarar, actitud que ha mantenido en los tres meses transcurridos.

Manoel Silva, de 38 años, iba vestido con un pantalón militar de camuflaje cuando desembarcó en Sevilla.

Según publicaron varios medios brasileños a raíz de su detención, el sargento participó desde 2011 en 29 viajes oficiales con tres mandatarios distintos.

Según fuentes judiciales, teniendo en cuenta la cantidad y pureza de la droga intervenida, el sospechoso podría enfrentarse a una pena de hasta 12 años de cárcel y multa de cuatro veces el valor del alijo.