La Fiscalía pide dos años de prisión al creador de un asociación de discapacitados por quedarse con dinero

A las asociaciones sin ánimo de lucro se les supone buena voluntad, pero hay veces, las menos, en las que sí hay intención de obtener dinero. La sección Séptima enjuiciará el proximo miércoles 19 de junio a M. G.M. que, según la Fiscalía, creó en 2002 una asociación sin ánimo de lucro, Asociación de Minusválidos Ordenadores Voluntarios de Aparcamientos (Amova). Él era el presidente y su hijo el secretario. La entidad estuvo exenta de pagar el IVA en 2002 y obtuvo subvenciones del ayuntamiento de Mairena del Aljarafe en 2002, 2004 y 2007. La Fiscalía solicita para el acusado dos años de prisión y una multa de 1.440 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores.

El escrito de la acusación recalca que "el acusado utilizó el aparato formal de la asociación para su beneficio personal" y que ejercía "de facto" como empleador. En este sentido, el Ministerio Público considera que M. G. M. designaba como aparcacoches a personas en mala situación económica "quienes tenían la obligación de entregarle todo el dinero que obtenían y, a final de mes, recibían la mitad de lo cobrado, quedándose el acusado con el resto".

Según la Fiscalía, M. G. M. acudía al final de cada jornada a los aparcamientos para recoger lo recaudado. La mayoría de los empleados eran personas que "o bien carecían de cualquier otro ingreso, o bien cobraban tan sólo una ayuda por minusvalía". El escrito de la acusación señala que estos trabajadores "no estaban dados de alta en la Seguridad Social" a pesar de que cobraban mensualmente de la asociación una cantidad que oscilaba entre los 100 y los 400 euros por un trabajo entre cinco y seis horas al día.

Ante las quejas de los trabajadores porque había veces que lo entregado no llegaba ni a la mitad de lo recaudado por ellos, el acusado modificó el sistema de cobro. Según el escrito de la Fiscalía, a partir de estas protestas fueron los empleados quienes al final de mes le entragaban a M. G. M. la mitad de lo cobrado. La situación se mantuvo hasta que en 2016 la Guardia Civil comenzó a investigar los hechos.