Guerrero recurre la sentencia y tilda el fallo de "político"

El ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero ha recurrido ante el Tribunal Supremo la sentencia de la pieza política del caso ERE, que lo condenó por malversación y prevaricación, al considerar que el fallo fue "político" y está plagado de "contradicciones y errores".

La Audiencia Provincial de Sevilla impuso a Guerrero siete años, once meses y un día de prisión y diecinueve años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta, lo que lo convierte en el ex alto cargo peor parado, con idéntica pena que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

En su recurso de casación, fechado el 10 de junio, el abogado de Guerrero, José Ávila, expone siete motivos para casar la sentencia y los desgrana a lo largo de 319 páginas en las que lamenta "las múltiples contradicciones" de la sentencia, los "errores" de la investigación o la "inverosimilitud" de los informes de la Guardia Civil.

Una parte de los motivos se basa en la "no aplicación de la normativa vigente" sobre la concesión de ayudas extraordinarias, lo que "determina la legalidad" del sistema empleado por la Junta y "la validez de las transferencias de financiación".

"Existen normas que regulan estas ayudas", por lo que "no hay un sistema propio e ilegal de la comunidad y no existiría la malversación", alega el abogado, que niega la prevaricación porque "el sistema de concesión directa ampara la forma de concesión y el uso de la transferencia de financiación no impide el control del destino de las ayudas".

También apunta a "los graves errores e incoherencia" del procedimiento judicial y critica la fundamentación jurídica de la sentencia, cuyo fallo está "predeterminado" por un "error de base" que asocia al "criterio de los peritos judiciales" y a "las múltiples contradicciones, incoherencias y errores que emanan de la fase de instrucción", que "condicionan" todo el proceso posterior.

A su juicio, la sentencia vulnera derechos fundamentales y preceptos constitucionales porque condena unos hechos "con manifiesta identidad, igualdad y semejanza" a las ayudas que concede el Ministerio de Trabajo.

El recurrente también denuncia "la inverosimilitud y falta de pruebas" contra Guerrero, que ocupó el cargo entre 1999 y 2008, así como "la inverosimilitud y contradicciones de la mayoría de los testimonios" que hubo durante el juicio, pero resalta las "dudas expuestas" por "múltiples testigos, muchos de ellos funcionarios" de la Junta y "algunos de alto nivel, como los interventores".

Critica igualmente la "inverosimilitud" de los atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y tilda las manifestaciones efectuadas al respecto en el juicio de "sesgadas, subjetivas y carentes de profesionalidad en muchos casos".

Además, indica que la causa exigía conocer "un amplio juego de conceptos jurídicos de varias ramas del Derecho" para que el fallo estuviese "fundamentado en Derecho penal y no sea, como parece, un fallo político".

Para el recurrente, el tribunal "únicamente sustentó las tesis acusatorias", basadas sobre todo en los informes de los interventores del Estado, y "omitió o pasó de puntillas" por el hecho de que el procedimiento condenado es "idéntico" al que lleva efectuando el Ministerio de Trabajo "durante más de treinta años".

Según el abogado, si al principio de la instrucción "se hubieran localizado y entendido las normas aplicables", la "solución" habría sido "distinta" y el caso "no habría tenido la extensión y alcance que ha tenido".