De colaboradora en destapar el escándalo de los EREa demandada. La Junta de Andalucía ha demandado ante el Tribunal de Cuentas a la que fuera asesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa, que prestó una gran colaboración a la juez Mercedes Alaya y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la investigación de los ERE, y a la que reclama de forma solidaria junto al ex director Juan Márquez el pago de 707.716,11 euros, en concepto de responsabilidad contable por las ayudas concedidas a las empresas Saldauto y Calderinox.

Las demandas fueron presentadas con fechas 29 de enero y 1 de marzo de este año, respectivamente, por lo que ambas acciones se han emprendido en la etapa del Gobierno del cambio (PP-Cs) y se trata asimismo de la primera vez que la Junta actúa contra un antiguo asesor de la dirección general de Trabajo en esta jurisdicción contable, dado que hasta el momento siempre se había demandado a los ex directores de Trabajo como responsables de la autorización de los pagos y, en su caso, a los administradores de las empresas beneficiarias de las ayudas.

Las demandas fueron presentadas en enero y marzo, tras el cambio de Gobierno en la Junta

María José Rofa envió en mayo pasado un escrito al vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, en el que solicita el amparo de la Administración frente a la “represalia” y el “atropello” que considera que está sufriendo por parte de la Administración autonómica.

La ex asesora de Empleo, que hasta el momento sólo ha recibido el silencio administrativo a su petición, recuerda cómo fue “apartada” de sus funciones en la Dirección General de Trabajo el 23 de marzo de 2011 –al inicio de la causa judicial– y habiendo recibido incluso “amenazas de despido por gilipollas” de la autoridad laboral y del entonces director de Trabajo, Daniel Alberto Rivera.

María José Rofa lamenta en el escrito remitido a Juan Marín que ha estado investigada en siete piezas separadas de los ERE que, finalmente, han sido archivadas, lo que ha supuesto un “coste económico, físico y psíquico” que le ha afectado tanto a ella como a su entorno familiar, todo por haberse decidido a “contar la verdad y no mantener el silencio” que según asegura “se le pidió” primero de buenas maneras y luego con esas amenazas de despido. Recuerda que ha prestado 32 declaraciones judiciales y ha sido interrogada en 10 ocasiones por la UCO.

La ex asesora de Empleo, que es personal laboral de la Agencia Espacial del Servicio Andaluz de Empleo, asegura que no pudo celebrar que terminaba su “pesadilla” con el archivo de la última causa en la que estaba investigada. “Esto no ha sido posible, pues, de nuevo, los letrados del gabinete jurídico en el tema de los ERE, siguiendo su estrategia jurídica, han encontrado otra vía judicial para embarrarme y destruir mi persona”.

La Junta no exigió hasta ahora responsabilidad a ningún trabajador en el Tribunal de Cuentas

Dice María José Rofa que es “insólito” que la Junta haya cambiado su estrategia jurídica porque hasta ahora en las distintas sentencias dictadas sobre los ERE en el Tribunal de Cuentas “en ninguna de ellas aparecía o se acusaba a ningún trabajador de la Dirección General de Trabajo”, y además contravienen la propia liquidación provisional, el procedimiento inicial en este Alto Tribunal en el que nunca fue “llamada” como responsable.

“Por el contrario, vemos cómo no elevan dicha responsabilidad contable contra los superiores de los directores generales de Trabajo, que junto a ellos establecen las prioridades y políticas de las ayudas sociolaborales y ponen en manos de ellos la partida 31L”, por lo que entiende que puede haber una “responsabilidad in vigilando e in eligendo”, añade.

La ex asesora concluye su escrito pidiendo el amparo de la Administración, para que la Junta se desista de estas demandas y no sigan “pisoteando su dignidad” con “dos acusaciones infundadas y sin pruebas sólidas y diferentes de los indicios denegados en el orden penal”, donde insiste en que han sido archivadas las siete causas en las que fue investigada en su día.

Rofa pide que se le reconozca el "daño moral y los perjuicios" causados

En su escrito a la Junta, Rofa pide protección y que se reparen sus “derechos vulnerados”, y resume sus peticiones en cinco puntos. El primero que la Junta se desista de todas las demandas dirigidas contra ella ante el Tribunal de Cuentas, así como que cesen las solicitudes para investigarla en la vía penal.

También pide que se le reconozca el derecho a los gastos de defensa por los procedimientos penales y ante el Tribunal de Cuentas, además de los “daños morales y perjuicios por la situación” que ha vivido.

El último punto se refiere a la “reconsideración del puesto de trabajo al que ha sido poco a poco relegada”, garantizando que se le designe un nuevo puesto de trabajo que sea acorde a su nivel profesional y curricular, conforme a los mecanismos legalmente previstos y que el mismo “sea garantizando con absoluta indemnidad por cualquier mecanismo legalmente previsto”. “Quiero que se restablezca mi dignidad como trabajadora y como persona”, concluye el escrito presentado por Rofa.