El abogado Agustín Martínez, a quien la formación ultraderechista Vox intentó fichar para su proyecto en Sevilla tras criticar la Ley de Violencia de Género, fue apoderado de Podemos en las elecciones Europeas de 2014, en las que el partido de Pablo Iglesias irrumpió por sorpresa al lograr cinco eurodiputados, y actualmente está registrado como simpatizante de esta formación, con posibilidad incluso de votar en las consultas como la que se hizo a raíz de la compra del polémico chalé por el líder nacional de Podemos.

El propio letrado Agustín Martínez ha confirmado a este periódico que fue apoderado de Podemos en las elecciones Europeas de 2014, donde intervino por esta formación en el colegio electoral del Prado de San Sebastián. Se trataba de las primeras elecciones en las que se presentaba la formación morada y la presencia del letrado como apoderado no pasó entonces desapercibida para los apoderados de las otras formaciones, algunos de los cuales habían sido compañeros de colegio de Agustín Martínez.

El abogado de los cinco jóvenes condenados por los abusos sexuales de los Sanfermines de 2016 explica asimismo que periódicamente recibe información de Podemos y puede votar en las consultas que realiza la formación morada. De hecho, la única vez que ha ejercido su derecho al voto fue cuando el secretario general de Podemos y la portavoz parlamentaria, Pablo Iglesias e Irene Montero, respectivamente, sometieron a la consulta de las bases la polémica compra en Galapagar de un chalé valorado en 600.000 euros. Agustín Martínez votó en contra de que ambos siguieran liderando la formación, aunque las bases del partido avalaron su permanencia con un 68,42% de los votos.

Con anterioridad, también fue apoderado, en este caso de IU, en el referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN, convocado en 1986 por el entonces presidente del Gobierno, Felipe González. Con esta trayectoria, el letrado siempre se ha posicionado a la izquierda política.

Agustín Martínez no sólo es el abogado de la Manada, en su trayectoria profesional cuentan su intervención en procesos como el Caso Arny, sobre prostitución de menores, y en 1992 defendió a un militante y ex candidato por Herri Batasuna (HB) al Parlamento navarro, Santiago Kiroga Astiz, que fue juzgado por un tribunal militar por no haber regresado tras un permiso al cuartel general de Melilla, donde estaba realizando el servicio militar, durante la primera guerra del Golfo.

Martínez fundamentó la defensa en la libertad del joven batasuno -por entonces de 22 años- para cambiar de opinión, y pidió que se le aplicara la objeción de conciencia sobrevenida, pero finalmente fue condenado por un delito de deserción, hechos por los que el fiscal había pedido seis meses de prisión.