El magistrado sevillano Rafael Tirado Márquez ha fallecido este miércoles a los 58 años, víctima de una larga enfermedad. El juez pertenecía a una saga de jueces muy conocida y apreciada en la Audiencia de Sevilla, donde están destinados varios familiares suyos en distintas secciones de lo Penal y de lo Civil.

Rafael Tirado estaba casado, era padre de cinco hijos, y actualmente estaba destinado en el juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Sevilla. Fue presidente de la Asociación Profesional de Magistrado (APM) en Andalucía y recibió a lo largo de su etapa en la jurisdicción penal numerosos premios de asociaciones de ayuda a mujeres maltratadas y del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) por sus sentencias ejemplarizantes.

Sin embargo, en el año 2008 se vio inmerso en el escándalo derivado del asesinato de la pequeña Mari Luz Cortés, debido a que por unos errores en el control de las ejecutoria habían permitido que siguiera libre Santiago del Valle, el asesino de la menor, que había sido condenado por el juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla que entonces dirigía Tirado. 

La sanción al magistrado y a la secretaria judicial de este juzgado -que fue suspendida durante seis meses-, fue considerada como muy injusta en la judicatura sevillana, debido a la falta de medios que tenían los magistrados y que llevó incluso a algunos jueces a afirmar que estaban "sentados en un polvorín y fumando", por los problemas para controlar la ejecución de las sentencias condenatorias.

Cuando el Tribunal Supremo confirmó en mayo de 2010 la sanción de 1.500 euros, el Alto Tribunal subrayó en la sentencia que la culpa de que el asesino siguiera en libertad no fue sólo del magistrado, sino que intervinieron la "pasividad" de la Fiscalía de Sevilla y de la Junta de Andalucía.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo recogía que, al margen de la responsabilidad del juez y de la secretaria, se produjeron en este caso otros factores que contribuyeron al retraso, entre los que cita que el negociado que tramitaba la ejecutoria 31/06 de Santiago del Valle permaneció durante algunos meses sin funcionario y cuando se envió un trabajador se trataba de una interina sin experiencia y sin la preparación previa necesaria.

Los jueces también reprochaban la "pasividad" del fiscal, que estaba obligado a velar por el cumplimiento de la resolución de acuerdo con su estatuto orgánico y que, irónicamente, "defiende en este recurso la tipificación con la máxima gravedad de los hechos atribuidos al magistrado", en alusión a la petición de que se suspendiera al juez Tirado durante tres años.

El tribunal recordaba que, según los artículos 3.1 y 3.9 de su estatuto orgánico, la Fiscalía tiene la "obligación clara de actuar en los procesos penales de ejecución, aun en el caso, como aquí ocurrió, de que no se le diera traslado del asunto con el fin de despachar un trámite concreto", ya que esta norma le conmina "a velar por el cumplimiento de las resoluciones que afecten al interés público y social".

La sentencia contaba con un voto particular de cuatro magistrados que consideraban que debió anularse la multa al juez Rafael Tirado porque "el Ministerio Fiscal no desplegó actividad alguna en orden al cumplimiento de la pena y otro tanto la acusación particular" que ejerció la Junta de Andalucía.