¿Y si los padres no se ponen de acuerdo sobre si vacunar contra el Covid a sus hijos? Esta es una de las dudas que ha surgido con la vacunación de los menores de 11 años y los abogados de familia de Aeafa en diferentes puntos de España ya han interpuesto ante los tribunales demandas de jurisdicción voluntaria para que se decida qué hacer, ante la imposibilidad de los padres, en su mayoría divorciados, de llegar a un consenso.

"Curiosamente esto suele pasar en parejas separadas o divorciadas que no han resuelto bien el caso y persisten en llevar razón o quedar por encima del otro y persisten en la idea de vencedores y vencidos, lo que no es nada bueno ni deseable", advierte María Pérez Galvan, abogada de familia y vicepresidenta de Aeafa. "Si a pesar de haber intentado alcanzar un acuerdo no es posible, hay que tramitar un procedimiento ante el Juzgado de Familia que puede tardar meses en resolverse", afirma.

Lo mejor: el acuerdo

Como en todo lo que tiene que ver con los hijos, lo mejor es siempre llegar a un acuerdo entre las partes y evitar acudir a los tribunales que, en el mejor de los casos, tendrán una decisión en dos meses que se pueden prolongar hasta seis y llegar hasta el año para saber si el menor se protege ante el Covid o no. De hecho, los abogados de familia están haciendo un esfuerzo especial para, en estos casos, se llegue a una solución razonable donde prime el bien del menor y su salud.

Uno de los aspectos que afecta a la patria potestad de los menores es la vacunación y si hay desacuerdos en padres divorciados o casados, hay que acudir a la Justicia. Antes de llegar a este extremo, la abogada María Pérez Galván, vicepresidenta de Aeafa, aconseja a los padres "pedir asesoramiento al pediatra y a un abogado especialista en derecho de familia".

Poner o no la vacuna entra en el mismo saco que las decisiones sobre el cambio de colegio, las actividades extraescolares, los tratamientos sanitarios sin cobertura de la Seguridad Social y cuyo impacto económico es importante, como la ortodoncia, la elección del lugar de residencia del menor y traslado de domicilio. Todas ellas, se deciden por un juez si no hay consenso entre las partes. 

Los tribunales, la solución más lenta

El problema es que ahora se trata de la salud de los niños directamente, en plena pandemia y con los datos de incidencia del virus cada vez más altos. A todo esto se une el colapso de los juzgados y la falta de una jurisdicción especializada en Familia impide que estos asuntos se resuelvan de manera ágil y sencilla como pretende la Ley de Jurisdicción Voluntaria. De hecho, el procedimiento incluye informes de la fiscalía, informes del forense, etc. Todos estos trámites requieren plazos que pueden alargar la decisión entre dos y seis meses.

De hecho, con la vacunación a los jóvenes de hasta 12 años, los tribunales ya obligaron en varias ocasiones a que los menores fueran inoculados contra el Covid. A finales del mes de septiembre, por ejemplo, un juzgado de Alicante resolvió contra un padre que se negaba a vacunar a la hija en contra del criterio de la madre. Recientemente, otro auto de un juzgado de Manacor faculta al padre para decidir si vacunar a la menor de 12 años de Covid frente a la decisión de no hacerlo de la madre.

¿Qué pasa con las vacunas del calendario oficial?

Esta situación con la vacuna del Covid no está muy alejada de lo que ocurre con el calendario vacunal oficial. "Un menor escolarizado con un calendario vacunal incompleto es otro motivo de problemas en los centros porque los padres de los niños vacunados pueden pedir a los colegios que los demás niños lo están también", explica Pérez Galván.

Los mayores de 16 años

Los adolescentes que tienen 16 o más años de edad tienen capacidad legal para aceptar o rechazar la vacunación por sí mismos. Por su parte, los niños de 5 a 15 años necesitan el acompañamiento y consentimiento de los padres y todos apelan "al bien del menor",