Los altos cargos de la Junta acusados en el caso Aznalcóllar rechazan "radicalmente" cualquier corrupción en el concurso de la mina

El juicio por las supuestas irregularidades en el concurso internacional para la adjudicación de los derechos sobre la mina de Aznalcóllar, en el que la Fiscalía ni siquiera acusa a la decena y media de personas que se sientan en el banquillo, se acerca a su final pero antes debían declarar los tres últimos acusados. Dos de ellos eran altos cargos de la Junta de Andalucía en la época de los hechos: Vicente Fernández, secretario general de Innovación, Industria y Energía; y María José Asensio, directora general de Industria, Energía y Minas. Ambos han sido muy críticos y ácidos con la denunciante Emerita, la empresa que perdió el concurso, y ante el tribunal han hablado de “falsedades” y “ceremonia de la confusión”. También han defendido la profesionalidad e imparcialidad de todos los funcionarios que participaron en el concurso y establecieron que la “oferta conjunta” de Minorbis y Grupo México era mejor que la de Emerita y Forbes Manhattan.

Vicente Fernández, que era presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) cuando fue imputado por este caso de la mina, ha comenzado su interrogatorio recalcando “el respeto escrupuloso a la ley” de la Mesa y la Comisión Técnica del concurso. Todos sus integrantes, como él, están siendo juzgados bajo la acusación exclusiva de Emerita, Andalucía Mining y Ecologistas en Acción. De hecho, el entonces secretario general compareció ante la jueza que instruyó el caso antes de ser llamado como investigado: “No me quedaba tranquilo hasta que el juzgado supiera la actuación tan jurídicamente ordenada que habían tenido los funcionarios”, ha explicado.

El ex alto cargo de la Junta también ha querido dejar muy claro que en ningún momento indicó a los responsables del concurso que favorecieran a una candidatura en perjuicio de otra. “La actuación de la Mesa y la Comisión Técnica permaneció completamente extramuros de la Consejería”, ha respondido en primer lugar. “No conozco a ningún miembro de la Comisión Técnica y no tengo relación personal con ningún miembro ni de la Comisión Técnica ni de la Mesa”, ha añadido. Y por último, ante la pregunta de su abogado de si había hecho alguna indicación o ejercido alguna presión, ha contestado: “Ninguna”.

Fernández también ha recordado que “el pasado reciente aconsejaba extremar todas las precauciones” respecto a la legalidad del proceso, en alusión al caso de los ERE que ya estaba en pleno auge en esa época.

El otro gran eje de su comparecencia ha sido Emerita. “Antes y durante el concurso tenía una completa obsesión por ir de la mano con alguien, y fue detrás de la directora general para que hubiese una fusión entre los candidatos. Nosotros no entramos, porque no era nuestro ámbito, en las posibles negociaciones entre las dos partes”, ha relatado.

La teoría de Emerita es la contraria. Es decir, que fue Fernández quien por influencia de Magtel (la empresa matriz de Minorbis) los presionó para que se unieran con la otra licitadora. Además de criticar las “grandísimas incongruencias” de la empresa denunciante, el ex secretario general ha negado “radicalmente” que Magtel tuviese trato de favor por su parte. “En 2013 conocí a los hermanos López Magdaleno [dueños de Magtel y también acusados] porque Magtel era una de las cuatro empresas adjudicatarias de la Red Corporativa de Telecomunicaciones, pero no era la más importante. Y si tenía más relación con algún hermano era con Juan Luis [no acusado en este caso]”, ha apostillado.

Emerita acusa a Fernández de llamar el 11 de abril de 2015 a su principal representante en España, Joaquín Merino, para presionarle y que aceptase una oferta de fusión con Magtel. El aludido también ha desmentido esa hipótesis. “Yo no he mediado ni intermediado ni operado para que se fusionara ningún proyecto. Es evidente que no pude hacer esa llamada, a esa hora estaba en un vuelo transoceánico a Brasil. El señor López Magdaleno no me llamó ni ese día ni ningún otro”, ha espetado.

María José Asensio también ha sido muy ácida con Emerita y con la Policía Nacional. Hasta cuatro veces se ha referido a la “ceremonia de confusión” que a su juicio ha “generado” la empresa denunciante y, detrás de ella, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal: “Lo que pone la UDEF [en su atestado] es lo que piensa Emerita”, ha criticado. “Cuando hablamos de oferta, hablamos de oferta conjunta de una licitadora y una aportadora de solvencia. Quien gana el concurso es la oferta. No me quiero ni imaginar qué habría pasado si en la resolución hubiésemos puesto que la ganadora era Minorbis, que no tenía capacidad para afrontar el proyecto. O si hubiésemos puesto que era Emerita sola. Es de locos”, ha resaltado.

Asensio tampoco se ha olvidado de ensalzar la honorabilidad de todos los que participaron en el concurso... y la suya propia: “Yo no era exquisita, era exagerada. Nunca he comido con una empresa. Y otra me regaló una vez un boli y se lo devolví”, ha contado. También ha destacado que la resolución de adjudicación a favor de Minorbis-México “fue visada por el gabinete jurídico de la Junta”.