El Estado defiende que la familia de un preso asesinado en Sevilla II no sufre “daño moral” y no tiene derecho a indemnización

Un jurado popular declaró ayer culpable de asesinato a Otman E.K., que el 28 de febrero de 2023 mató a Rafael Enrique en la celda que ambos compartían en la cárcel Sevilla-II, en Morón. Los jurados consideraron probado que el acusado le hizo primero un mataleón y después lo colgó de la litera. La víctima “no tuvo posibilidad de defenderse ni de huir” porque el ataque fue sorpresivo y “por la espalda”. Los hechos, en definitiva desagradables y repudiables, no admitieron discusión porque el homicida los reconoció desde el minuto uno. El quid de la cuestión judicial, por tanto, está en quién indemnizará a los familiares de la víctima. Ellos piden que el Estado se haga cargo si el asesino, como es previsible, no puede. Y el Estado se niega, tanto a pagar como a que los familiares tengan derecho a ser indemnizados. Su abogado razonó ayer ese rechazo y entre otras cosas alegó que no ha quedado demostrado que los padres, la novia y el hermano del fallecido hayan sufrido daño moral alguno por el asesinato de su familiar.

“No todo hecho lesivo ocurrido en prisión da lugar a una responsabilidad civil del Estado. No existe ningún dato ni indicio de que el reo tuviese una especial peligrosidad ni de que pudiera suceder algo ni lejanamente parecido a lo que ocurrió”, aseguró el representante de la Abogacía del Estado cuando fue su turno. Después fue más allá: “No se ha acreditado la existencia de un daño moral en los familiares de la víctima”, defendió.

“No se ha probado la existencia de un nexo afectivo y no se han acreditado las circunstancias que puedan justificar la concesión de una indemnización”, incidió a continuación. Ni siquiera en el caso de la novia, que por cierto estuvo presente en todas las sesiones del juicio y en la lectura del veredicto: “No se acredita el carácter prolongado de su relación en el tiempo ni que fuese una relación análoga a la conyugal”, agregó. Desde la segunda fila, donde estaba sentada, la mujer no daba crédito a lo que estaba oyendo.

El Estado contó con el apoyo parcial de la Fiscalía en ese debate sobre la responsabilidad civil. Parcial porque el fiscal sí pidió que la familia sea indemnizada pero coincidió en que “el único responsable” de pagar es el asesino. Entre otros factores citó que “no había existido ninguna rencilla entre los reos”, que “la convivencia había sido pacífica” y que Otman E.K. llevaba “cuatro o cinco meses” sin protagonizar “ningún incidente”, así que Instituciones Penitenciarias no podía prever que pasaría lo que pasó. “La responsabilidad es del acusado, no del Estado”, sentenció. Acto seguido, la abogada del asesino se adhirió a eso.

Las acusaciones particulares, por el contrario, reclamaron que el Estado apechugue con el resarcimiento derivado del crimen. La primera fue la ejercida por la madre, la novia y el hermano de la víctima. Su letrado recordó el “deber de cuidado y de vigilancia extremo” de la Administración y consideró que la muerte de Rafael “supone el fracaso del sistema penitenciario”. “Estando condenado por delitos menores, pasó incomprensiblemente a un módulo mucho más peligroso y a una celda con un reo de mucha peligrosidad. Fue un riesgo innecesario. No parece que fuese una decisión muy acertada”, dijo.

Luego le tocó al abogado del padre de Rafael Enrique, que se centró en el historial del homicida. “Tenía cinco órdenes de expulsión y en abril de 2022 consiguió el tercer grado, pero la Administración no lo expulsó a su país. Fueron diez meses sin ser expulsado, eso supuso un choque para él”, destacó.