La defensa de Juan Carlos Martínez, hermano del que fuera presidente de Santana Motor Bienvenido Martínez, ha negado su supuesta implicación en un presunto tráfico de influencias en relación con la investigación de las ayudas concedidas a la empresa Santana Motor, después de que un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) remitido al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla haya implicado a dos ex consejeros de la Junta en la adjudicación "fraudulenta" del Centro de Negocios de Andalucía en Madrid.

En el escrito presentado en el juzgado, al que ha tenido acceso este periódico, Juan Carlos Martínez, que es el actual marido de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, alega los "enormes e innumerables errores" del informe elaborado por la UDEF, hasta el punto de considerar que el mismo no es más que "un compendio de meras conjeturas y sospechas policiales alimentadas por una investigación inquisitiva y meramente prospectiva", una causa general contra él.

Así lo expone en un duro escrito el abogado Manuel Pérez-Cuajares, del bufete Constitución 23, Estudio de Litigación, quien asegura que Juan Carlos Martínez no aparece en el anterior informe policial sobre Santana Motor porque "no participó en la concesión de ningún préstamo o ayuda a la dicha sociedad mercantil ni tampoco participó de ninguna manera en la gestión de dicho grupo, por mucho que el informe policial se empeñe en insinuarlo, por supuesto sin base alguna, a través de un atestado presidido y caracterizado por la graves inexactitudes que contiene y que deslegitiman al mismo".

Dice la defensa que "nunca" ha desempeñado cargos públicos relevantes ni nombramiento del Consejo de Gobierno en la Administración de la Junta y aunque fue jefe de gabinete del consejero de Innovación Francisco Vallejo, la defensa apunta que "no se puede considerar que el puesto de jefe de gabinete sea un cargo público relevante en el sentido que lo pretende el informe, con capacidad de decisión y/o competencia para otorgar subvenciones o toma de decisiones, ya que sus funciones son meramente las de asesorar al respectivo Consejero o Secretario de Estado, como así se desprende entre otras disposiciones del Decreto 465/2004 de 27 de Julio, por el que se establece la composición y retribuciones del personal eventual adscrito a los Gabinetes de los titulares de las Consejerías de la Junta de Andalucía, al determinar que “el personal eventual que integra los Gabinetes de los titulares de la Consejerías de la Junta de Andalucía desarrollan las funciones de confianza y asesoramiento especial”.

Esto, prosigue el letrado, adquiere especial relevancia porque precisamente el informe policial pretende establecer una vinculación entre Juan Carlos y su hermano Bienvenido, y sus relaciones con algunas empresas, "en base a su supuesta capacidad de decidir o determinar las subvenciones que recibieran en su día estas empresas por parte de la Administración autonómica. Es más, pretende sostener el atestado policial la supuesta capacidad de decisión de Juan Carlos Martínez, en lo que supone una absoluta elucubración, en el dato de haber trabajado como Secretario de Estado del Ministerio de Política Territorial (error además, ya que como hemos expuesto fue sólo Jefe de Gabinete) y en tanto que este Ministerio decidía la financiación a las CCAA que a su vez subvencionaban a las empresas (verdadero salto en el vacío)", asevera.

Por todo ello, insiste en que Juan Carlos Martínez "nunca" ha tenido vinculación con la gestión del grupo Santana o similares, ni ha pertenecido a órgano, consejo ni puesto que tuviera que ver con la concesión de subvenciones. Ni ha tenido "nunca" responsabilidad vinculada con concesión de subvención alguna.

De la misma forma, asegura que no mantuvo "ninguna reunión ni con las empresas aludidas ni otras para ningún tipo de subvención, no conociendo personalmente a los responsables de las mismas" y también rechaza que haya participado o tenido conocimiento de la situación o relaciones entre Santana, la agencia Idea y la empresa Experience Management Group de la que era administrador único su hermano Bienvenido.

La UDEF también consideró en el atestado que resuelta relevante el conocimiento respecto a la identidad de Juan Carlos Martínez, quien ocupó diversos cargos en la Junta y en la administración del Estado, donde llegó incluso a ser director del gabinete del ministro de Sanidad Bernat Soria.

"Lucro injusto"

Juan Carlos Martínez, según la Policía, fue contratado por Fomento, Asistencia y Gestión Integral de Andalucía (Fagia) para un cargo de alta dirección entre diciembre de 2010 y junio de 2011, y previamente había prestado servicios en Soprea en otro cargo de alta dirección. "Soprea era precisamente la sociedad representante de Santana, al tiempo que su hermano Bienvenido era el presidente. De este modo es difícilmente creíble que no tuviera conocimiento de la situación de su hermano en las entidades Santana-agencia Idea-Experience Management Group".

La Policía detecta incluso un "lucro injusto" de los hermanos Martínez y alude incluso al "aumento patrimonial detectado en Juan Carlos Martínez, que adquiere propiedades inmobiliarias entre 2009 y 2012 por importe superior a un millón de euros".

La defensa alega que las funciones de Juan Carlos Martínez en Incuba, Soprea y Fagia fueron "de mero asesoramiento, y nunca ejerció de subdirector de ninguna de las empresas aludidas, siendo que la denominación que aparece en los contratos debe entenderse y hace referencia a una categoría profesional", como "técnico".

También niega que haya tenido "contrato de alta dirección", son "simples contratos eventuales y en el informe policial de forma absolutamente tendenciosa, se elucubra una vez más en relación a este extremo, pasando de la adivinanza a la suposición (“parece de alta dirección”) para terminar directamente afirmándolo sin base alguna". 

No coincidió laboralmente con su hermano

Por todo ello, asegura que Juan Carlos Martínez "no ha coincidido laboralmente con su hermano Bienvenido en ningún puesto de trabajo. El hecho de que en Fagia suscribiera los contratos una misma persona como contratante, que además ostentaba el cargo de Administrador único, no supone irregularidad alguna antes al contrario, ni por supuesto indica o determina que haya relación entre ellos ni influencia alguna, sin que siquiera hubieran coincidido en el mismo centro de trabajo. Es una afirmación por tanto, absoluta y nuevamente tendenciosa", subraya. 

Por último, afirma que, al margen de los "innumerables errores" del informe policial, "nada de lo reflejado en el mismo en lo que a la concreta intervención de Juan Carlos Martínez se refiere, demuestra siquiera indiciariamente su participación en hecho punible alguno, relacionado con lo que constituye el objeto de investigación en la presente causa, que pueda determinar su llamada como investigado a la misma, constituyendo únicamente un compendio de meras conjeturas y sospechas policiales alimentadas por una investigación inquisitiva y meramente prospectiva" respecto a un supuesto tráfico de influencias basada en datos "erróneos e inexactos sobre los cargos y funciones supuestamente desempeñados por el mismo".

"Es fácil constatar que la mera conjetura, pura sospecha basada exclusivamente en que por haber ostentado algún cargo en la administración y ser hermano de un investigado que habría tenido relación con la empresa Santana, ya se ha tenido o podido tener participación en la gestión de sociedades relacionadas con la financiación de Santana y con las actividades supuestamente malversadoras allí investigadas, no puede erigirse ni ser entendida de ningún modo como notitia criminis mínimamente fundamentada, en los términos que la jurisprudencia y la doctrina científica exigen para iniciar una investigación criminal", concluye.

En este sentido, la defensa critica que lo que hace el atestado policial "no es la averiguación de un posible delito del que se ha tenido noticia, sino la indiscriminada y prospectiva búsqueda de delitos a partir de la pre-concepción de que estos han de existir", por lo que considera que se ha realizado una "causa general" contra Martínez, para el que solicita al juez que no sea llamado como investigado a esta investigación judicial.