Los hechos ocurrieron en Carmona, el 7 de septiembre de 2019, en torno a las 3 de la madrugada y en la autovía A-4 que pasa por la localidad.

La chica, de tan solo 19 años, iba junto a su novio en el coche de éste cuando, según las primeras informaciones que se conocieron, abrió la puerta y saltó con el coche en marcha. El vehículo circulaba a una velocidad de 117 kilómetros por hora y ni ella ni su pareja llevaban puesto el cinturón de seguridad.

Ella se encontraba sentada en la parte de atrás del automóvil, concretamente en el lado derecho, cuando los hechos ocurrieron. Según contó el chico, que llegó a dar varias versiones de lo sucedido y que entonces tenía 25 años, cuando vio a su novia saltar trató de enderezar el vehículo y recibió un impacto contra una valla. 

La chica murió por los múltiples traumatismos recibidos en la supuesta caída. Se fracturó ambos fémures y se rompió el brazo.

 Lo que en un primer momento trascendió sobre lo sucedido fue que la chica se habría quitado la vida voluntariamente y así lo creyeron sus allegados cuando les comunicaron la noticia. El caso quedó archivado en el juzgado de Carmona a las 36 horas de producirse el accidente, después de la declaración del conductor y el informe de la autopsia, que definió lo sucedido como una “muerte violenta de etiología suicida”.

Pero los padres de Ana no tardarían en preguntarse por qué su hija había hecho algo así y a cuestionarse si realmente se trataba de un suicidio o si su pareja podría estar detrás de la tragedia. “Todo el mundo dio por buena aquella explicación y no investigaron”, comentaron sus padres a Diario de Sevilla.

Reapertura del caso y presentación de pruebas

Fue entonces cuando comenzaron una lucha para pedir justicia que a día de hoy no ha cesado. En noviembre de 2019 consiguieron que la Audiencia de Sevilla reabriera el caso para practicar nuevas pruebas, entre ellas el reconocimiento por parte de un perito del coche en el que iba la chica y el análisis de su móvil, ya que según sus allegados ésta estaba sufriendo maltrato por parte de su pareja.

De hecho, a los seis meses de comenzar la relación con él, Ana acudió a una psicóloga para explicarle que su novio la controlaba mucho y que era una persona muy celosa.

Los padres aportaron varias pruebas: dos informes forenses, un estudio criminológico y otro estudio de ingeniería, todos ellos realizados por expertos en sus respectivas áreas.

El informe de la acusación particular

De los informes presentados se admitió el peritaje forense y otro de reconstrucción de accidentes. En ellos atribuyen la fractura completa de ambos fémures que tenía la joven a que fue “atropellada lateralmente y aplastada entre un vehículo y la bionda" (una valla metálica).

Los peritos afirmaron que la fallecida, que pesaba 51 kilos, “carecía de la fuerza necesaria para vencer la resistencia del aire” y conseguir abrir la puerta a los 110 kilómetros/hora a que circulaba. Por eso el análisis concluyó la imposibilidad de que “la víctima saliera del vehículo en marcha y la certeza del atropello intencionado”. 

El perito que llevó a cabo dicho estudio hizo hasta 15 ensayos en el lugar de los hechos con un vehículo de la misma marca, modelo y antigüedad, tanto de día como de noche, a velocidades entre 60 y 120 kilómetros/hora y “recreando todas las circunstancias que pudieran concurrir”. Todos los resultados concluyeron que la joven había sido atropellada.

Además recalcaron que las dos abolladuras que presentaba la puerta delantera derecha del coche eran “compatibles con el impacto lateral de esa parte del vehículo con los muslos de la víctima y su aprisionamiento contra la bionda” en una "maniobra controlada". De esta forma, la fractura completa de ambos fémures solo pudo haberse produciendo “estando la víctima de pie, por lo que necesariamente se tuvo que bajar del vehículo en un momento anterior y caminar por el arcén”, afirmó el perito.

El informe de la Guardia Civil y los forenses

Ante estas pruebas, en julio de 2021 la jueza encargada del caso, y a petición de la Fiscalía, encargó a la Guardia Civil y al Instituto de Medicina Legal dos nuevos informes sobre la hipótesis de que el presunto suicidio pudiese ser un atropello intencionado cometido por su novio.

De este estudio se encargó el Equipo de Reconstrucción de Accidentes de la Guardia Civil (ERAT), y en él se concluyó que la muerte de Ana Buza se había producido por haberse lanzado desde el vehículo en movimiento, sin posibilidad de que hubiera existido ningún atropello.

Además de estas pruebas, los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Sevilla, Joaquín Lucena t Antonio Rico, elaboraron un informe más amplio en relación con la autopsia que se le practicó a la joven. Con ello se pretendía determinar si sus lesiones eran compatibles con un atropello mortal. Estos forenses, que accedieron al estudio llevado a cabo por el ERAT e hicieron una inspección ocular del lugar del accidente también concluyeron que no se habría producido ningún atropello.

La polémica por el caso

La polémica por lo sucedido viene porque la familia ha tratado de presentar más pruebas que arrojen algo de luz a la investigación y no todas han sido admitidas. Además consideran, tal y como reza en el comunicado de las asociaciones que los respaldan, que hubo actuaciones negligentes en la realización de los informes para determinar de qué manera murió Ana Buza. Por ello no cesan en su lucha porque el caso sea tratado por un juzgado de Violencia de Género y no quede archivado, como pide el abogado de la defensa, Alejandro Gómez Luna.

Las abogadas de los padre de Ana, Encarnación Molino e Irene Amosa,consideran que, en su lugar, la juez tendría que haberse decantado ya en favor de un juzgado de Violencia sobre la Mujer, al entender que los hechos que se investigan constituyen un "atropello mortal" por parte del novio de la fallecida y no un supuesto suicidio. En este sentido, han señalado que no puede "cerrarse en falso" esta investigación cuando todavía quedan diligencias de prueba que se acordaron por la juez y no se han practicado.

La familia ha puesto de manifiesto la "firme decisión" de continuar adelante el procedimiento. Por eso ahora, apoyada por los colectivos carmonenses Justicia para Ana Buza y Pavanas Carmona han emitido un comunicado manifestando su disconformidad con la investigación por el caso.  

“Denunciamos la actuación de los agentes de la Policía Judicial y Guardia Civil encargados del caso, por su inexistente investigación. Concretamente, después de más de 3 años en que fueron requeridos por parte del juzgado que instruye el caso (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 2 de Carmona), aún no han aportado el informe sobre el contenido del teléfono móvil de Ana, a fin de comprobar sus últimos mensajes, correos etc. “, reza el escrito.

Critican que no se haya considerado que la joven sufría violencia de género “contradiciendo la testifical de la psicóloga del investigado, la cual declaró en el juzgado aseverando que se trataba de un caso claro de violencia de género”. Además añaden que “los padres de Ana Buza sólo han querido y quieren investigar el extraño caso de la muerte de su hija, caso que se archivó a las 36 horas de su muerte sin mediar investigación alguna”

En el documento llaman a la ciudadanía a una concentración en el mes de marzo a las puertas de los juzgados de la localidad sevillana para pedir justicia por la joven.