El juzgado de lo Mercantil 1 de Sevilla ha fijado para el 29 de enero el juicio por el concurso de acreedores de la sociedad Burguillos Natural, la mayor quiebra de una empresa municipal de la provincia, en la que la Fiscalía pide que el actual Ayuntamiento sea condenado a pagar solidariamente el déficit patrimonial fijado en 22,7 millones de euros.

Después de dos aplazamientos debido al conoranavirus, en noviembre y diciembre pasado, finalmente se celebrará este juicio por el concurso necesario de Burguillos Natural y su grupo de empresas: Taller de Arquitectura de Burguillos, Aguas de Burguillos, Servicaja de Burguillos y  Complejo Hotelero La Alquería. El juicio se celebrará casi doce años después de que se declarase el concurso, en julio de 2009.

Los administradores concursales Fernando García Morillo y Gerardo Narbona, apoyados por la Fiscalía, piden que el concurso sea declarado culpable. A lo largo de un informe de 70 folios, al que tuvo acceso este periódico, dan cuenta de las irregularidades en la contratación pública, sin respetar los principios de publicidad y concurrencia, la construcción sin licencia de obras, en terrenos no urbanizables o atravesados por una vía pecuaria.

Como principal responsable, señalan a  José Juan López (PSOE), alcalde entre 1995 y 2009; a Jacinto Rosas Sancha como administrador de Derecho de las sociedades concursadas y al Ayuntamiento de Burguillos como administrador de hecho, junto a diez ex consejeros y a la empresa Prodetur de la Diputación de Sevilla como propietaria de una parte de las acciones.

En el caso de José Juan López y Jacinto Rosas, los administradores judiciales y la Fiscalía piden su inhabilitación para administrar bienes ajenos durante 15 años y que paguen a los acreedores la cantidad que no perciban de la liquidación de la masa activa del grupo concursado, de forma solidaria con las demás personas que sean declaradas responsables.

Irregularidades en los contratos públicos y dolo al agravar la quiebra 

Según los administradores judiciales, ya desde un año antes del concurso  hubo muchas demandas de acreedores, por lo que los responsables de Burguillos Natural conocían su imposibilidad de atender pagos. Por ello entienden que  “en la generación o agravación del estado de insolvencia del grupo medió dolo o culpa grave de sus representantes legales y de sus administradores de derecho y de hecho (Ayuntamiento)”. Con el Consistorio existía una “confusión patrimonial y unidad de decisión”, según el informe.

La empresa municipal incurrió en  “irregularidades en el ámbito de la contratación pública” al prescindir del procedimiento legal y “superar con notabilísima claridad el umbral de la contratación menor”.

Pese a ser empresas públicas -dicen los administradores- no cumplían con los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación en la adjudicación de los contratos.

En julio de 2007, Burguillos Natural vendió una parcela por 1,8 millones de euros, en diciembre de ese año resolvió el contrato y en febrero de 2008 se la vendió a otra empresa por  991.379 euros.

“No le constan a esta administración concursal los motivos por los que un mismo bien es vendido siete meses después a un precio muy inferior, en torno a un millón de euros menos”. Preguntado por esta diferencia  el consejo de administración lo atribuyó a “las condiciones fluctuantes del mercado”.

900.000 euros perdidos en la macrodiscoteca

Otro de los focos del informe es el Centro de Ocio inaugurado en 2006, cuando Burguillos tenía 5.000 habitantes. Se presentaba como “la mayor discoteca de Andalucía” al aire libre con capacidad para 8.000 personas.

Burguillos Natural realizó allí obras de 893.122 euros sin licencia, antes del contrato de permuta, sobre unos terrenos que no eran de su propiedad y clasificados como no urbanizables.

A la fecha actual, “el valor de las inversiones realizadas en aquel centro es de cero euros por deterioros y expolios, según ha podido constatar la administración concursal”, que concluye que “todo este cúmulo de despropósitos e ilegalidades se desarrollaban con conocimiento del Ayuntamiento de Burguillos”.

Un informe del Ayuntamiento indicó que entre 2006 y 2008 se desarrollaron allí principalmente “macro-fiestas, habiéndose formulado denuncias por los daños y problemas causados por el gran número de personas que acudían” pues en alguna ocasión reunieron a más de 4.000 personas. “La actividad de discoteca al aire libre no está autorizada ni es susceptible de autorización”, aseguró.

En otra parte de su informe, los administradores se refieren a un contrato por el que la empresa municipal vendió a una promotora unos terrenos para construir viviendas con un precio total de 2,1 millones de euros, pese a que el terreno era propiedad del Ayuntamiento. Una de las tres parcelas se hallaba parcialmente afectada a una vía agropecuaria que tres años después todavía estaba en curso el expediente de desafección y, por lo tanto, hasta entonces, no se podía llevar a cabo la escritura.