Entre las sociedades que los ayuntamientos impulsaron en los años de bonanza e ingresos urbanísticos y que quebraron, destacó Burguillos Natural: entró en concurso de acreedores en 2009, con una deuda que se estimó en más de 47 millones de euros, al margen de la que acumuló el propio Ayuntamiento de Burguillos. Aquella sociedad paralela, dejó impagos a más de 140 empresas, que a algunas llevaron a la desaparición o casi, mientras que los grandes edificios que promovió en un municipio de 6.500 vecinos quedaron sin terminar (un pabellón y piscina climatizada, un aparcamiento subterráneo, una discoteca y centro de ocio...) o embargados y cerrados (hotel la Alquería).

Pero once años después de que se viniera abajo, de las protestas de los acreedores, y de varias condenas al ex alcalde socialista por su gestión, la quiebra sigue sin resolverse. El juicio por un concurso de acreedores declarado culpable estaba fijado para el jueves 3 de diciembre en el juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla. Aunque, después de un primer aplazamiento por el Covid, ha vuelto a quedar en suspenso por un cambio de abogado. 

La demora ha hecho que muchas empresas se retiren por las pocas esperanzas de cobrar y el coste de abogados y algunos montantes los ha asumido el Ayuntamiento, pero quedan casi 23 millones de euros por pagar y en el juicio se debe aclarar quién los asume. Hay bancos, está hacienda, hay un constructor al que se le adeudan 5 millones y el resto son una amalgama de pequeñas y medianas empresas a las que se les deben montantes de entre 300.000 y 500.000 euros, principalmente.

Los administradores concursales solicitan la inhabilitación para todos los consejeros de Burguillos Natural desde 2007 hasta su disolución como responsables de la quiebra. Además piden que el que fuera alcalde y máximo responsable en aquella etapa, José Juan López (PSOE); el gerente, Jacinto Rosas, y el propio Ayuntamiento de Burguillos sean declarados responsables solidarios de la deuda y respondan por la misma.

El actual alcalde de Burguillos, Domingo Delgado (PP), que asumió el gobierno local por primera vez entre 2011 y 2015 en mitad de aquella crisis y que, tras un paréntesis de 4 años, vuelve a estar en el momento crucial del juicio, defiende que el Ayuntamiento no puede ni debe asumir de ningún modo esa deuda, porque las decisiones que se tomaron en la empresa, aunque fuera municipal, no salieron del Consistorio, no fue el "administrador de hecho de Burguillos Natural", como defienden los administradores concursales y el resto de acusados.

"El Ayuntamiento ha sido una víctima más. No ha adoptado resolución de ningún tipo ni ha ordenado nada a Burguillos Natural", insiste el regidor, que cree que todos son conscientes de esa realidad y sólo se ha incluido al Consistorio en la reclamación solidaria del dinero porque para los administradores concursales es la única esperanza de que las empresas afectadas puedan cobrar algo.

También ha censurado que los responsables de aquella gestión argumenten ahora en su defensa que actuaban por mandato municipal y que, por tanto, sea el municipio, "los propios vecinos, los que paguen por sus decisiones". 

El Ayuntamiento de Burguillos sí asumió en su día la deuda que Burguillos tenía con los trabajadores de la empresa. Posteriormente, asumió también en una decisión controvertida del alcalde socialista entre 2015 y 2019 más de 2,3 millones de euros de deuda con la Seguridad Social de la misma.

Domingo Delgado recuerda que el ex alcalde firmó el acuerdo para un aplazamiento de los pagos de esa parte de la deuda estando en funciones y horas antes de que tomara posesión la nueva corporación. En ese aplazamiento entraron 2,3 millones y se sumaron a los 800.000 euros que ya tenía aplazados el Ayuntamiento. El acuerdo se pacta meses antes de un juicio previsto para dos ex alcaldes socialistas, José Juan López y Mariana Pérez, por un intento de alzamiento de bienes, cuando la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social les estaba investigando para que respondieran por esos impagos. Finalmente, aceptaron una pena menor en el juicio por este último hecho, pero esa deuda ya no pendía sobre ellos.