El juzgado de instrucción 3 de Utrera decretó este jueves prisión sin fianza para una pareja en cuya finca la Guardia Civil incautó 1.693 plantas de marihuana y 33 kilos de cogollos cuyo peso triplicaba la cantidad considerada de “notoria importancia” por el Tribunal Supremo.

La orden de prisión se produjo después de que otro juzgado de Utrera, el número 2, dejase la semana pasada en libertad a las 22 personas detenidas en una macro operación contra los invernaderos de marihuana en El Palmar de Troya.

Aquella orden de libertad causó “consternación e indignación” en María Ángeles Calvo, fiscal jefe de Dos Hermanas (de quien depende el juzgado de Utrera), quien había pedido prisión para 15 de los detenidos y anunció un inmediato recurso. Según la Fiscalía, al menos cuatro de los detenidos duplicaban la “notoria importancia” de droga intervenida.

Ahora, el juzgado número 3 de Utrera ha enviado a prisión a la pareja formada por Santiago R.P. y Yolanda V.V. por un presunto delito contra la salud pública y otro de tenencia ilícita de armas.

La cantidad que les intervino la Guardia Civil “puede reputarse como de notoria importancia”, puesto que excede tres veces los 10 kilos fijados por un  acuerdo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en  2001.

La incautación tuvo lugar el 22 de octubre en la zona conocida como Camino de las Noveleras, por el aviso de varios vecinos de que habían advertido la presencia de personas extrañas a las fincas.

Los agentes percibieron un fuerte olor a marihuana procedente de una de las fincas, y en el registro correspondiente incautaron una escopeta de cartuchos, un revólver y un total de 1.693 plantas de marihuana y 33 kilos de cogollos.

Según el auto de prisión, al que tuvo acceso este periódico, Santiago asumió toda responsabilidad de los hechos, pero la juez entiende que las diligencias efectuadas apuntan a la participación de su compañera pues ambos se lucraban con el cultivo y “no explican con razonamientos válidos cuál es la procedencia del vehículo Audi A4” que se encontraba en su finca.

La droga incautada constituye “un delito contra la salud pública castigado con una pena de prisión de tres a seis años, que con la agravante de notoria importancia podría alcanzar la pena superior en grado”, mientras que el delito de tenencia de armas podría alcanzar las penas de dos a tres años, según el auto.