Ricardo Sánchez asegura que el tanatorio tenía todos los informes preceptivos

El delegado del gobierno de la Junta en Sevilla y presidente del PP en esta provincia, Ricardo Sánchez se mostró ayer “seguro y confiado” tras declarar como imputado en el caso del tanatorio de Mairena del Alcor, una causa que se está llevando en el Juzgado mixto número uno de Carmona.

Ricardo Sánchez, que fue alcalde de Mairena del Alcor entre 2011 y 2019, acudió a declarar en calidad de investigado por administración desleal por el tanatorio público. Ante el juez, aseguró que no existió ninguna irregularidad en el proyecto del tanatorio crematario y que éste contaba con todos los informes preceptivos.

Sánchez afirmó a la salida del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Carmona que está “tranquilo y confiado”. En esta causa, motivada por una denuncia del PSOE, se investiga la supuesta paralización del proyecto de un tanatorio municipal y la autorización posterior de uno privado a una empresa que estaría vinculada a la familia de un cargo del PP.

Hoy está prevista la declaración del actual alcalde del municipio alcoreño, Juan Manuel López. El 13 de marzo tienen previsto prestar declaración el entonces apoderado de la empresa Previpaz SL y coordinador de Empresas en la Viceseretaría de Economía de la Ejecutiva regional del PP andaluz, Francisco Rodríguez Roa.

El consejero del PP en la RTVA Francisco Jesús Rodríguez Roa, que también es coordinador del Área de Empresas en la Vicesecretaría de Economía, Hacienda y Empleo de la Ejecutiva del Partido Popular de Andalucía está investigado por la supuesta paralización del proyecto de un tanatorio municipal y la autorización de uno privado a una empresa de la familia de Rodríguez.

La investigación judicial tiene su origen en la denuncia que presentó en abril de 2024 el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Mairena del Alcor contra Ricardo Sánchez, alcalde entre 2011 y 2019, Juan Manuel López, actual alcalde, y el apoderado de la mercantil Previpaz SL hasta su cese en noviembre de 2022, por posible prevaricación y tráfico de influencias.

A pesar de que hasta ahora ninguno de los denunciados había tenido la condición procesal de investigados, el juez recordó que ha habido partes personadas en las actuaciones que han intervenido activamente con petición de diligencias para evitar una posible indefensión. Las diligencias practicadas desde la apertura, con apoyo en las conclusiones de un reciente informe policial de enero de 2025, “apuntalan”, según recoge el auto, la presunta participación de Ricardo Sánchez, Juan Manuel López y los otros cuatro investigados en los hechos delictivos objeto de la presente causa.

Siempre con la “provisionalidad del momento procesal”, el juez sostuvo que hay “base indiciaria” para abrir la investigación por su “presumible participación” en los hechos, que tienen su origen en el proyecto de tanatorio en la localidad de Mairena del Alcor. La denuncia presentada por el PSOE indicaba que, en 2016, el Ayuntamiento de Mairena del Alcor, con Ricardo Sánchez como alcalde, aprobó en un pleno por unanimidad el proyecto de construcción de un tanatorio municipal, que desde entonces está paralizado.

En 2021 el Ayuntamiento dio licencia para construir un tanatorio privado, cuyas obras ya están terminadas, en una ubicación distinta a donde estaba proyectado –según la denuncia– por una empresa que pertenece a la familia de un cargo del PP y de la que fue empleado durante ocho años. La empresa que adquirió la licencia, Gesit SL, no fue la que finalmente hizo la obra, sino que la traspasó a Previpaz SL, propiedad de la familia, responsable del área de Empresas en la Ejecutiva regional del PP andaluz.

El tanatorio público fue parte del programa electoral del PP en Mairena del Alcor en 2019, pero no se construyó. El que sí se llevó a cabo fue uno privado tras una inversión que superaba los 2,2 millones de euros.

En el proyecto inicial del tanatorio público de Mairena del Alcor en suelo municipal fueron invertidos 21.118,76 euros para la redacción del proyecto constructivo y de explotación de tanatorio, que fue adjudicado al arquitecto José Manuel G. J. En la descripción de las parcelas P-11.4.a y P-11.4.b de la manzana 11 del sector 14 de las normas subsidiarias de planeamiento de titularidad municipal, deja nítidamente claro que es “Suelo No Urbanizable”, lo que exigiría esa modificación puntual de las normas subsidarias de planeamiento urbanístico si se quería desarrollar el tanatorio público, ya que, sin ella, la calificación del suelo previa a todo sería imposible.

Este proyecto fue abandonado por la imposibilidad de desarrollarlo sin modificar las normas subsidarias.

Tras este intento fallido y la paralización del proyecto del tanatorio público en el que se habían invertido 21.118,76 euros, la policía judicial en su informe desarrolla detalladamente lo ocurrido con la construcción del tanatorio privado por la mercantil Gesit Trazabilidad de Proyectos S.L. cuyo administrador es Juan Alfonso F. C., quien solicitó licencia de obra mayor, y apertura para la ejecución del tanatorio crematorio tras encargo de trabajo por parte de la promotora final de este proyecto que es Previpaz SL, cuyo apoderado y miembro del consejo de administración es Francisco Jesús Rodríguez Roa, hijo del administrador que firma ese “encargo” y coordinador del Área de Empresas en la vicesecretaría de Economía, Hacienda y Empleo de la Ejecutiva del Partido Popular de Andalucía y Consejero de RTVA.

Las investigaciones practicadas han puesto de manifiesto que “no existen las preceptivas licencias de obra o declaración responsable que habiliten la ejecución de los dos proyectos reformados, tanto el bar/cafetería, como el horno crematorio, asimismo se constata que los Trámites de Audiencia, “no han sido cumplidos por la empresa promotora del tanatorio en reiteradas ocasiones”.

Como consecuencia de lo anterior, según el auto, los administradores de las mercantiles Gesit Trazabilidad de Proyectos SL en la persona de Juan Alfonso F. C. (quien redacta/desarrolla/construye el proyecto) y Previpaz SL en la persona de Francisco Jesús Rodríguez Roa (que promueve el mismo) “se han beneficiado” de varias resoluciones como la del cambio de titularidad de los expedientes. Igualmente, los administradores de las mercantiles ejecutora/constructora/promotora, debiendo ejecutar las obras con las preceptivas licencia de obras y autorizaciones pertinentes que no se expidieron, han llevando a cabo las obras del reformado de bar/cafetería/cocina y la zona de instalación del horno crematorio, sin la preceptiva licencia de obra o declaración responsable, como confirma la Secretaría General de la Agencia Urbanística del Ayuntamiento de Mairena del Alcor en su informe de 9 de octubre de 2024”.

La unidad de la policía judicial concluye que los mismos se han beneficiado de esa prevalencia logrando “una inusitada e infrecuente extremada diligencia administrativa, en la emisión de informes técnicos, jurídicos y resoluciones “todas favorables” en muy cortos espacio de tiempo, así como, por la permisibilidad continua patente de todo lo ocurrido con los reiterados incumplimientos”.