Más colapso judicial, contagio asegurado y medida contraria a las recomendaciones sanitarias: los sindicatos han reaccionado con dureza a las resoluciones del Ministerio de Justicia sobre las nuevas dotaciones de personal que regirán a partir del miércoles día 15 durante la alarma por coronavirus.

Según los nuevos servicios presenciales, la mayoría de los juzgados unipersonales tendrán un funcionario en cada uno de ellos, frente a un funcionario por cada cuatro o por cada orden jurisdiccional vigente hasta ahora. Además, habrá un funcionario de auxilio por cada cuatro juzgados. Las Fiscalías deberán tener un 10% de su plantilla, igual que las UPAD respecto al mismo orden jurisdiccional.

CSIF ha exigido que se hagan test de coronavirus a todos los funcionarios de Justicia que deban incorporarse a sus puestos de trabajo el miércoles y afirmó en un comunicado que “se mantiene una redacción muy confusa de la modalidad de disponibilidad plena”, que a su juicio “se puede convertir en la ‘gatera’ por la que se van a colar los incrementos de plantillas”.

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha manifestado su “frontal oposición a esta nueva resolución del Ministerio, pues se incrementa en un 200% la presencia de funcionarios en las sedes judiciales durante la pandemia, desoyendo con ello las indicaciones de los expertos sanitarios”.

STAJ critica también que se permita a los abogados y procuradores presentar escritos, lo que “puede suponer una avalancha de nuevos escritos y demandas que colapsarán aún más los juzgados”.

Y añade: “ni siquiera se establece en el texto la prohibición de acceso de profesionales o público a las sedes judiciales. Es más, se permite e incentiva de forma velada al pretender que el servicio se preste con normalidad”.

El Sindicato Profesional de Justicia-USO afirma que la  resolución del Ministerio “supone de facto una vuelta a la normalidad en plena vigencia del estado de alarma”. “Se obliga a los funcionarios a contagiarse, dado que no se les puede garantizar los medios de protección” y “la mayor parte de las medidas recomendadas por el Ministerio de Sanidad son imposibles de cumplir”, pues no existe distancia de seguridad apropiada entre los trabajadores en la mayor parte de los juzgados y tribunales de España.

Los sindicatos reclaman el teletrabajo y USO dice que esta crisis ha demostrado la “inoperancia de los responsables ministeriales al no disponer de los medios para mantener mínimamente la posibilidad de realizar el trabajo a distancia".

También CSIF ha criticado que “se está imponiendo un desescalamiento en Justicia al margen del escenario establecido por Sanidad, cuyo ministro (y el presidente del Gobierno también) han insistido que hasta el 26 de abril estamos en confinamiento y contención del virus”.

CSIF: Moratoria en Andalucía hasta asegurar los EPIS

Este sindicato mayoritario ha pedido que, hasta que no se dote a todos los trabajadores de los medios de protección (EPIs) necesarios para proteger la salud y se garantice su recepción en todas las sedes judiciales, se aplique en Andalucía una moratoria que difiera la entrada en vigor de los nuevos servicios.

Solicita que se establezca un protocolo de planificación, distribución y recepción de los EPIS entre las diferentes sedes judiciales. "Constándonos fehacientemente la falta de mascarillas de protección en las sedes judiciales, consideramos que no se puede garantizar por esa Consejería los medios de protección necesarios para todos aquellos funcionarios de Justicia, que en aplicación de las citadas resoluciones volverían de facto a la 'supuesta normalidad' en el desarrollo diario sus laborales profesionales, corriendo unos riesgos innecesarios de contagio", afirma CSIF.