Marisa Díaz Quintero | Coordinadora Servicio de Asistencia Jurídica Penitenciaria

La asistencia jurídica penitenciaria o el Derecho que atraviesa las puertas de prisión

  • La abogada coordina este servicio junto con la también letrada Carmen García Rivero

Una vez que el juzgado dicta una sentencia y el acusado se convierte en recluso, existen una serie de circunstancias dentro de la cárcel en la que, si bien no es obligatoria la participación de un abogado, ayuda mucho a que los trámites burocráticos no sean una carga. Desde el año 2001, con más o menos altibajos administrativos y políticos, en Sevilla funciona el Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria. Sus coordinadoras son Marisa Díaz Quintero y Carmen García Rivero.

Marisa Díaz recuerda con una mirada llena de la ilusión del que cree firmemente en lo que habla que el Servicio de Asistencia jurídica penitenciaria empezó a finales de los años 90 "cuando un grupo de compañeros que, por un motivo u otro entraron a formar parte de la vida penitenciaria y se dieron cuenta de que en el 90% de las ocasiones el Derecho se quedaba a las puertas de prisión porque no podemos olvidar que la mayoría de la población penitenciaria proviene de un estatus económico bajo y no tienen posibilidades de contratar un abogado particular".

Este grupo de abogados toma conciencia de esta situación y se ponen en marcha los servicios de orientación y asistencia jurídica penitenciaria. En Andalucía está en marcha en todas las provincias y en Sevilla está funcionando desde el curso 2000-01. "Ess muy vocacional y está formado por unas 60 a 65 personas que hemos estado desde el año 2000 prácticamente los mismos. Para ser uno de los miembros, además de estar colegiado, hay que estar dado de alta en los cursos de penal y hacer un curso, pruebas y prácticas en prisión". La última de estas formaciones fue antes de este verano.

Trámites dentro de prisión

La realidad es que, aún habiendo tenido su abogado de oficio, al llegar el momento de la ejecución penitenciaria hay muchos trámites administrativos, incluso algunos que están dirigidos al juzgado de vigilancia penitenciaria donde no es obligatorio que sean realizados por un letrado pero que tampoco son fáciles. "Nos encontrábamos que si el preso tenía que hacer algún escrito a la administración, o bien tenía que buscar un abogado particular y, evidentemente, pagarlo, y si no tenía posibilidades económicas, pedir favores a cambio de tabaco, dinero...etc de algún compañero de módulo con más formación. Esto supone una merma de derecho bastante importante". 

Marisa Díaz es una de las coordinadoras del SOAJ Marisa Díaz es una de las coordinadoras del SOAJ

Marisa Díaz es una de las coordinadoras del SOAJ / Víctor Rodríguez

Los reclusos pueden acceder a este servicio por ellos mismos, familias, amigos o ONG. Hay más caminos, además de la instancia de prisión. Los lunes, miércoles y viernes estos abogados visitan Sevilla-I y Sevilla-II y los miércoles, la cárcel de Alcalá de Guadaíra. "Ellos presentan la instancia, pasan a una lista y los vamos llamando. Tenemos acceso a los expedientes y ahora los abogados de este servicio estamos pidiendo unos locutorios mejores en Sevilla-1, porque los actuales dejan mucho que desear y no te enteras de lo que estás hablando, no hay intimidad. Antes de que suspendieran el sevicio los atendíamos en un despacho". 

Otra de las dificultades está en el desarrollo mismo del trabajo. En la cárcel no pueden entrar los teléfonos móviles, tablets u ordenadores. "Estamos luchando porque los grandes sumarios, que hasta ahora tienen que entrar en papel, podamos tener alguna herramienta tecnológica que nos permita preparar la defensa con el recluso con toda la documentación presente".

Cercanía con la población reclusa

Actualmenre, al Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica (SOAJ) se puede acceder por teléfono, carta, a través de familiares, Ongs, etc. "Además, trimestralmente damos charlas en todos los centros penitenciarios, no sólo para informar sobre el servicio, sino también para hacer una autocrítica. No podemos ser un servicio meramente confesor".

No sólo es orientación, también asistencia. "Hacemos todo tipo de escritos, desde recabar firmas porque, por ejemplo, le ha llegado una demanda de divorcio mientras está en prisión; hasta un pliego de descargo por el tema de una sanción en prisión, petición de traslado puesto que estamos coordinados a nivel estatal con los SOAJ de diferentes zonas de España)". 

Principales consultas

La mayoría de los asuntos sobre los que asisten a los reclusos son la refundición de condenas " lo que llaman el triple de la mayor o la triple (artículo 76 del Código Penal)", permisos, libertad condicional, traslados, muchas quejas en cuanto al tema de sanidad penitenciaria". 

La sanidad penitenciaria es otro de los temas que los abogados del SOAJ ven cada día. "Los mismos médicos de Instituciones Penitenciaria piden que se unifique con la pública para poder tener acceso al historial clínico de los reclusos. "A través de Derechos Humanos y nosotros mismos se ha luchado mucho porque los tratamientos de Hepatitis y VIH en la calle continúen en prisión en las mismas condiciones". 

La abogada, en su despacho La abogada, en su despacho

La abogada, en su despacho / Víctor Rodríguez

La importancia de esta información radica en que, como recuerda Díaz Quintero, "hay que tener en cuenta que entre el 70y el 80% de los presos es población drogodependiente, aunque es cierto que el programa de metadona sí está unificado".

El perfil de la población reclusa

A pie de cárcel, que es como trabajan los miembros del SOAJ, las cifras se convierten en caras e historias. El 80% de los delitos que se cumple prisión son contra el patrimonio. "Hay personas que cumplen 20 o 25 años de cárcel por condenas contra el patrimonio encadenados. Entran, salen y se les van acumulando condenas. Delitos de sangre son los menos. La mayoría son contra el patrimonio y, seguido, los realizados contra la salud pública. Son los dos grandes caballo de batalla del sistema penitenciaria. Son, en su mayoría personas que vienen de barrios muy marginales que no han tenido las mismas oportunidades que el resto, sin estudios, y que allí dentro hay quienes se sacan la ESA (Educación Secundaria de Adultos), el acceso a la Universidad, etc. "

Históricamente es una población que raya en la marginalidad "ahora están entrando personas de una clase media por los delitos contra la seguridad vial, quebrantamiento de órdenes de alejamiento y estafa, pero lo normal es que la población reclusa tenga escasos medios económicos y poca formación académica". 

En cuanto a la proporción entre mujeres y hombres en la población penitenciaria, "hay menos mujeres que hombre, alrededor de un 7% de la población masculina, y la mayoría suelen ser por delitos de salud pública, seguidos de patrimonio y estafa".

En los últimos años, la población reclusa ha bajado un poco. "El índice delincuencial de España es de los más bajos de Europa, sin embargo la población penitenciaria es una de las más alta. Nuestro código penal, realmente es duro aunque la percepción sea la contraria. Ha tenido unas 30 reformas desde que comenzó, cada vez endureciendo más. Sobre todo, se quiere legislar a golpe de telediario.", afrima la coordinadora del SOAJ.

"Nosotros luchamos mucho por las alternativas a prisión y la justicia restaurativa y mediadora" que trabaje con este grupo de población, explica Díaz Quintero.

Respecto a los enfermos mentales absueltos por no tener responsabilidad penal al tener sus capacidades volutivas e intelectivas mermadas, pero condenados a una medida de seguridad, destinados a enfermería en un centro de prisión ordinario. "Recientemente el Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia que considera ilegal que personas que están en prisión preventiva a falta de una sentencia judicial firme, por el tema de medidas de seguridad esté en un centro ordinario. Eso es extrapolable totalmente y así lo pensamos todos los del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria a nivel estatal, a personas ya condenadas a estas medidas de seguridad con sentencia firme. Es un tándem incompatible una persona con enfermedad mental e Instituciones Penitenciarias".

Un servicio históricamente reivindicativo

Que el SOAJ siga es la consecuencia de una ardua labor reivindicativa por parte de los abogados que lo integran. "No podemos seguir en manos de la voluntad política. En Instituciones Penitenciarias dice que somos un balón de oxígeno para los presos y la misma institución, la Junta de Andalucía nos valora muchísimo. Los números están ahí y nos avalan. Por eso no entendemos cómo estamos sometidos continuamente a presupuesto".

Y es que, a pesar de ser reconocido como necesario por las diferentes administraciones, ha tenido muchas vicisitudes desde su formación. "Cuando empezamos estábamos incluidos en el decreto de Justicia Gratuita y funcionábamos como un turno normal de detenidos, violencia de género o similar, nos pagaban la guardia igual que al resto de compañeros. Pero llegó un día que, por la intervención de la Junta de Andalucía, imagino que algún técnico dijo que, como es cierto, la intervención de los letrados en prisión no es preceptiva hasta que no llega el recurso de apelación en juzgado de vigilancia penitenciaria y sacó este servicio del decreto de Justicia Gratuita porque no era obligatorio tener. Entonces nos dicen que van a hacer un convenio con una subvención. Así estamos funcionando hasta el año 2011. El convenio tenía un presupuesto para toda Andalucía de, aproximadamente, 400.000 euros. Andalucía tiene 13 centros penitenciarios, sin contar los CIS", explica Díaz Quintero.

"Entramos en la dinámica de negociar, falta la firma de Instituciones Penitenciarias, la Junta de Andalucía  cambia de Consejero de Justicia y el nuevo consejero dice que sin esa firma no se puede suscribir el convenio. Luchamos durante tres años porque considerábamos que con Instituciones Penitenciarias ya había acuerdos a los que no se había renunciado y que, por tanto, eran vigentes. Sin embargo, la Junta insiste en que el convenio debe ser firmado a tres bandas: Consejo de Abogados de Andalucía, la Junta e Instituciones Penitenciarias. Es en este momento cuando estamos trabajando sin convenio de 2011 a 2012.", recuerda la abogada.

"En abril de 2012 la Junta comunica a los Colegios de Abogados que si siguen trabajando con la asistencia penitenciaria, será bajo su responsabilidad porque de las arcas públicas no saldrá más dienero para este tema hasta que Instituciones Penitenciarias no vise el convenio. Era un recorte de derechos claro. Tras la lucha con manifestaciones, recabar firmas, campaña en los medios, etc. en 2015 se firma un convenio que nos mermó en funciones y en presupuesto. Pasamos de 400.000 euros en toda Andalucía, a unos 139.000 euros, cuando la población reclusa no había bajado como para justificar este recorte", continúa.

Este convenio ha estado vigente hasta 2018. "No veíamos una voluntad política para que continuáramos. Siempre teníamos que estar a la dotación presupuestaria. Es una población muy amplia como para depender de voluntad política y presupuesto. Debemos pasar ya a la bolsa de Justicia Gratuita o tener un convenio en condiciones para que tengamos un cobro digno. En 2018 estamos funcionando gracias a una subvención de la Junta de Andalucía directa al Consejo de Colegios Abogados de Andalucía. Esto supone, entre otras cosas, una limitación de unos 39 días de guardia, independientemente de la demanda que exista. Esperamos que en enero de 2019 tengamos el nuevo convenio en vigor y que no tenga una limitación de equis años sino que sea renovable cada año a no ser que una de las partes lo denuncie".

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