Los números de la Ciudad de la Justicia cuadran

En los últimos meses mucho hemos venido hablando acerca de la nueva ubicación de la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas, en el edificio donde actualmente se encuentra lo que resta de Abengoa y donde se ubicaba la Universidad Loyola Andalucía. En ese sentido, este humilde economista no ha sido ajeno a dicho debate, de una parte como operador judicial habitual y de otra como analista del proyecto desde el punto de vista financiero y de oportunidad.

Desde el punto de vista económico, lo primero que debemos tener en cuenta es la situación actual de los órganos judiciales de la capital, que generan a las arcas públicas un coste anual de algo más de 5 millones de euros en concepto de alquiler, para unas sedes judiciales dispersas a lo largo de la geografía de la ciudad y en muchas ocasiones deficientemente dotadas. Nada más que este hecho ya justifica la adopción de medidas para la optimización de los recursos públicos.

Pero además, el proyecto de Palmas Altas supone, de una parte, el aprovechamiento de una infraestructura que se va a quedar en breve sin uso, bastantes edificios abandonados y sin utilizar tenemos ya en la capital: Hospital Militar, Altadis, etc. y de otra un importante ahorro de tiempo en tener operativa la Ciudad de Justicia, dado que la ejecución de la adaptación del edificio existente conllevaría menos tiempo que la construcción de uno nuevo, tan es así que la duración de este acondicionamiento se estima en 18 meses, por lo que a principios de 2023 esta dotación estaría disponible, lo que parece un tiempo razonable, aunque quizá en China sean capaces de construir un nuevo edificio en menos tiempo.

Y finalmente, desde un punto de vista económico, la adaptación es infinitamente más barata que la construcción de un nuevo edificio. El proyecto de Palmas Altas tiene un coste total de aproximadamente 110 millones de euros, de los que 78 millones irían destinados a la adquisición de suelos e instalaciones, y el resto para las obras de remodelación y adaptación. Por el contrario, la construcción de un nuevo edificio se situaría en una horquilla entre los 170 y 270 millones de euros según la opción, es decir, la opción Palmas Altas supone un importante ahorro para las arcas públicas que como contribuyente he de aplaudir. Además, no debemos olvidar que el edificio de Palmas Altas fue diseñado por Richard Rogers, premio Pritzker, y que en su día tuvo un coste de aproximadamente 130 millones de euros, luego el aprovechamiento de esta dotación se torna como una oportunidad a aprovechar. En definitiva, tercer mini punto a favor de la opción Palmas Altas.

Durante todo este tiempo, desde que supimos de la opción Palmas Altas, las principales críticas a este proyecto se han centrado, de un lado en la lejanía y las dificultades de acceso y de otra en la dispersión que este proyecto suponía al quedarse la Audiencia Provincial en la actual ubicación del Prado de San Sebastián, según el proyecto inicial.

En cuanto a la lejanía, resaltar algo que siempre escuché de los operadores judiciales durante estos años y eran las bondades de la Ciudad de la Justicia de Málaga inaugurada ya hace doce años. Pues bien, dicha infraestructura se encuentra a unos cinco kilómetros del centro de la capital malagueña, mientras que Palmas Altas lo está a tan sólo seis kilómetros del Prado de San Sebastián, luego, a mi juicio, no parece sea una infraestructura excesivamente lejana del centro de la ciudad.

El segundo de los inconvenientes radica en las dificultades de acceso, algo que es fácilmente subsanable y en lo que ya hay acuerdo entre el Ayuntamiento de Sevilla (PSOE) y la Junta de Andalucía (PP/Ciudadanos) para su mejora, que además puede ser financiado con el ahorro que supone la adaptación frente a la nueva construcción y es que antes o después iba a ser necesario mejorar los accesos de la zona si tenemos en cuenta el importante e inminente desarrollo inmobiliario proyectado entre Palmas Altas y el centro comercial Lagoh. Y ¿que quieren que les diga? Para una vez que se ponen de acuerdo dos administraciones de signo político diferente, yo no les quitaría la razón.

El otro problema argumentado, la dispersión al quedarse la Audiencia en el Prado de San Sebastián, ha quedado salvado en el proyecto definitivo dado que la Audiencia se construirá en una parcela adyacente, por consiguiente, asunto resuelto.

Concluir que el ahorro que la decisión supone es mucho más importante que los inconvenientes iniciales y de adaptación que pueda conllevar, porque he de recordar que toda mejora comenzó siempre con un empeoramiento.