La cuestión del riesgo y la responsabilidad ambiental cobro plena actualidad jurídica en nuestra tierra cuando en abril de 1998 se rompió la balsa de la mina de Boliden en Aznalcóllar. Desde entonces, el peregrinaje jurisdiccional para que la empresa sueca titular de la explotación responda económicamente por aquel daño va ya por casi 22 años. Y sigue sin atisbarse su fin. Pero no es objeto de estas líneas el origen del "caso Aznalcóllar", sino las disputas judiciales que, con ocasión de la reapertura de la mina, vienen produciéndose en el orden penal desde hace más de 5 años, que también corren el riesgo de eternizarse.

La vertiente penal de Aznalcóllar ha entrado en una fase decisiva tras su última y sonada reapertura judicial. El lunes 20 de abril vence el plazo para que las partes trasladen sus alegaciones frente a la decisión del Juzgado de dar por finalizada la instrucción tras recibir el informe de la UCO sobre los presuntos ascensos de los miembros de la Mesa del concurso.

Las defensas de los investigados pedirán presumiblemente el archivo porque las nuevas diligencias practicadas no han podido demostrar "indicio alguno" que sustente las razones por las cuales la Audiencia Provincial ordenó el pasado mes de octubre la tercera reapertura del caso. Por su parte, la empresa perdedora del concurso, Emerita, ya ha solicitado a la instructora extender las actuaciones, impetrando una investigación más exhaustiva, no sólo de los funcionarios imputados, sino también de sus familiares. Tal empecinamiento hace pensar que la estrategia procesal de la denunciante es la de prolongar "sine die" una instrucción que va camino de convertirse en una historia inacabable, y que al cabo ha impedido materializar la mayor inversión privada en la provincia de Sevilla en décadas.

Tras las últimas decisiones administrativas en Cantabria y Extremadura, donde los continuados incumplimientos de Emerita llevaron a sus respectivos Gobiernos a denegarles más prórrogas, la empresa parece no tener ya más permisos mineros en España. En puridad, ni tan siquiera pretende los derechos mineros de Aznalcóllar, pues en la instancia que podría obtenerlos –el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía– no los ha reclamado, limitando su pretensión a que se declare "nula de todo derecho y sin efecto alguno" la adjudicación de la mina a la empresa ganadora, pero no que se adjudique a su favor, cuando podía hacerlo.

Se entiende, así que el alcalde de Aznalcóllar haya denunciado públicamente que "los caprichos procesales de una empresa que está demostrando que no ha explotado jamás una mina impidan que mucha gente de la comarca tenga un proyecto de vida". Y es que realmente parece que la única estrategia empresarial de Emerita sea alargar los pleitos en los que anda inmersa uniendo su propio destino a su suerte procesal.

A la vista de sus últimas cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil, con una liquidez inferior a 15.000 euros, no parece que Emerita pueda plantearse seriamente explotar mina alguna. Y a día de hoy es notoria la falta de solvencia de Emerita para poder afrontar la reapertura de Aznalcóllar. Pese a ello, el Presidente de Emerita, Joaquín Merino, está embarcado en un nuevo proyecto minero en Bolivia como vicepresidente de la empresa canadiense Silver Elephant, aunque, en su currículo haya omitido toda referencia a su etapa en Emertia. Olvido que recuerda las palabras del teólogo estadounidense Tim Keller: se tiende a "omitir las partes de nuestros antecedentes que podrían dejarnos mal parados".

En un momento dramático para España y para Andalucía, que va a requerir de la colaboración activa de todos para la inmensa tarea de reconstrucción que nos queda por delante, se hace evidente la afirmación de Gurevich de que "un País se construye sobre el Derecho", pero evitando comportamientos abusivos que más parecen pretender una pendencia judicial especulativa que una intención real de contribuir a la economía productiva que ahora más que nunca necesitamos.