El magistrado Fernando Abarrátegui, de la Sala Militar del Tribunal Supremo, llegó a Sevilla el 29 de julio de 1931 para hacerse cargo de la investigación de los sucesos que luego se conocieron como la Semana Sangrienta de Sevilla, que según cifras oficiales dejó 20 muertos y más de 200 heridos.

Eran los primeros meses de la II República proclamada el 14 de abril de 1931. Los sucesos de Sevilla, con numerosos enfrentamientos entre sindicalistas y fuerzas del orden, se desencadenaron después de la huelga general convocada en julio de 1931.

No obstante, el historiador José María García Márquez, en su reciente libro “La semana sangrienta de julio de 1931 en Sevilla. Entre la historia y la manipulación” sostiene que los incidentes fueron provocados por pistoleros a sueldo para provocar la reacción de las fuerzas del orden contra los obreros.

Los enfrentamientos se produjeron en numerosos puntos de Sevilla y provincia pero tuvieron tres epicentros: el bombardeo por el Ejército de la taberna Casa Cornelio, la muerte a tiros de cuatro detenidos en el Parque María Luisa a los que aplicaron la “Ley de Fugas” y el asalto al cuartel de la Guardia Civil en la Plaza del Sacrificio.

El 22 de julio se produjo la muerte por disparos de cuatro sindicalistas anarquistas que eran trasladados por unas fuerzas paramilitares a los sótanos habilitados como cárcel en la Plaza de España. Ocurrió en una de las principales avenidas del Parque María Luisa y se les aplicó la Ley de Fugas.

Ese mismo día tuvo lugar el asalto al cuartel de la Guardia Civil de la Plaza del Sacrificio, con tiroteos entre azoteas y hacia la calle.

Casa Cornelio era una taberna situada donde ahora está la basílica de la Macarena y se afirmaba que allí se reunían los anarquistas que habían organizado la huelga general. Fue bombardeada a las 17:25 horas del  23 de julio de 1931 por orden del Ministerio del Interior y ejecutado por la Guardia Civil y la Caballería del ejército. Recibió el impacto de 22 cañonazos que dejaron la casa totalmente en ruinas.

El día 23 de julio se informaba en prensa de 525 detenidos, para los que se habilitaron como cárcel los sótanos de uso militar en la Plaza de España y un barco atracado en el puerto.

Prohibidas las reuniones de cuatro personas y permanecer en las ventanas

Ese mismo 23 de julio, Leopoldo Ruiz Trillo, general de la Segunda División, declaró el estado de guerra “al no haber sido suficientes las enérgicas medidas tomadas por las autoridades para la pacificación moral y material de Sevilla y su provincia”.

El bando militar prohibía la formación de grupos de mas de cuatro personas en la vía pública, portar armas de fuego y los actos que significaran “un atentado a la libertad del trabajo”.

Advertía de que la fuerza pública “tiene órdenes concretas para hacer fuego sin previo aviso contra los grupos de cuatro o más individuos siempre que infundan sospechas”. También avisaba de que “es peligroso asomarse a los balcones o azoteas, así como permanecer en la calle”, ya que contra los que lo hagan “puede disparar la fuerza sin aviso”.

La prensa de la época informó poco sobre el trabajo del juez especial o los resultados de su investigación. El 2 de agosto Fernando Abarrátegui decretó la libertad de los detenidos por los sucesos en el parque María Luisa y en la Plaza del Sacrificio. Se trasladó al cuartel de la Guardia Civil de la Plaza del Sacrificio para hacer una inspección ocular de las azoteas y negocios que resultaron alcanzados por los disparos y recibió un croquis del lugar donde murieron los obreros del  Parque María Luisa.

Terminó su trabajo el día 11 de agosto, después de trece días, y regresó a Madrid. Previamente elevó un informe al presidente del Tribunal Supremo y acordó pasar a la Auditoría Militar los sucesos del Parque María Luisa y la Plaza del Sacrificio, y al juzgado de San Vicente las causas de la calle Relator y Feria y del mitin en el teatro del Duque.