Nadie recuerda una denuncia como la que el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, presentó ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la juez María Núñez Bolaños, acusándola de una falta muy grave o grave de “desatención o retraso injustificado” en la tramitación de tres macrocausas. El escrito de la Fiscalía era de una gran dureza, pero muchas de las cuestiones recogidas en la denuncia, a tenor de las no menos contundentes conclusiones del informe de la Inspección, aparentemente no dejaban de ser juicios de valor.

El informe de las inspección culpa de los posibles retrasos al elevado número de recursos, entre ellos a la insistencia de la Fiscalía en recurrir la exclusión de los ex altos cargos en otras piezas de los ERE, que ha sido uno de los principales caballos de batalla del Ministerio Público tras acusar a la Audiencia de cambiar las reglas del juego.

Con este informe de la inspección, que avala plenamente la labor de Bolaños, que sigue de baja por motivos de salud, el promotor de la Acción Disciplinaria tiene que archivar las diligencias informativas abiertas por la denuncia de la Fiscalía.

El problema no es el fracaso de Anticorrupción con esta denuncia, sino cómo se recompone ahora la situación entre la juez y la Fiscalía, porque lo ocurrido no es un enfrentamiento más entre ambas partes dentro del debate jurídico. Se dio un paso de no retorno.