Sentencias

Dos procedimientos judiciales para que un proveedor pueda cobrar la deuda

  • El consistorio dice que llegó a un acuerdo con el proveedor y terminó de pagar en diciembre de 2016

  • Existe un segundo procedimiento del que aún queda por abonar los intereses, según el abogado del proveedor

Fachada del Ayuntamiento de Los Palacios Fachada del Ayuntamiento de Los Palacios

Fachada del Ayuntamiento de Los Palacios / M. G.

Después de dos largos procedimiento judicial, los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Sevilla han condenado al Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca a abonar una serie de facturas que llevaban casi diez años sin ser abonadas a un proveedor local. El Ayuntamiento dice que la deuda se saldó tras llegar a un acto de conciliación con la empresa. En total, según el alcalde, se pagaron 423.000 euros de la deuda inicial, más 60.000 de los intereses, 37.000 por las costas judiciales y 4.000 por los intereses de pago. 

El proveedor, una empresa familiar del sector de la construcción, recurrió a Moreana Abogados tras años de gestiones infructuosas con técnicos e inspectores del Ayuntamiento de Los Palacios para cobrar las deudas pendientes. Aunque desde el ayuntamiento afirmaron que las facturas se abonaron en su totalidad en diciembre de 2016 mediante un acuerdo de pago a razón de 25.000 euros al mes. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Los Palacios indica que las facturas se refieren a trabajos encargados entre 2000 y 2006, y que desde el consistorio se alcanzó con un acuerdo con el proveedor para pagárselo poco a poco y se terminó de pagar en diciembre de 2016. Desde el consistorio insisten en que se trata de dos procedimientos diferentes, uno en 2009 y otro en 2017.

Las facturas impagadas se refieren a encargos realizados en periodos de elecciones y tramitados de forma irregular por los concejales implicados. Según Moreana Abogados "las facturas que la empresa fue presentando al pago, generalmente iban a parar a los cajones del equipo saliente cuando las elecciones cambiaban el color político de la corporación. Las reclamaciones de la empresa iban así cayendo en saco roto".

Tras un primer procedimiento judicial donde el Ayuntamiento "desarrolló una agresiva defensa y llegó a negar la deuda", comenta Moreana Abogados, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Sevilla dictó sentencia íntegramente estimatoria a favor de la empresa, con intereses y costas. El despacho de abogados tuvo que solicitar la ejecución forzosa y el embargo de propiedades tanto en 2011 como en 2013 y activos del Ayuntamiento palaciego. "Sólo cuando el juzgado amenazó con embargar los bienes del alcalde, el Ayuntamiento acabó librando los pagos", afirma Carlos Fidalgo, de Moreana.

Según Carlos Fidalgo, de Moreana Abogados, las facturas de 2003 a 2006 son las correspondientes a una demanda del año 2007 con sentencia en el año 2009. En esta ocasión, el fallo judicial fue íntegramente estimatorio y con costas. "Como el Ayuntamiento no cumplió, se realizó una solicitud de ejecución en noviembre 2010 para llegar a un primer acuerdo en marzo 2012. Éste tampoco se cumplió y Moreana Abogados tuvo que pedir la reapertura ejecución. Finalmente se llegó a un acuerdo en mayo de 2013 aunque el pleito no terminaron de pagarlo hasta 2016", recalca Fidalgo

Cabe recordar la situación de auténtica crisis en la que se encontraba el ayuntamiento palaciego en aquellos momentos. Como así afirman desde el ayuntamiento. Según el alcalde de Los Palacios, se llegó a un acuerdo por el que se fue saldando la deuda en cuotas mensuales desde 2012 a 2016.

Pero aún había más facturas pendientes, por lo que fue necesario abrir un segundo procedimiento. El juzgado número 14 volvió a condenar a la corporación. Este fallo aún está en ejecución puesto que el Ayuntamiento aún no ha pagado los intereses añadidos a la condena principal, según el despacho de abogados. Este punto es negado por el consistorio, que dice que la deuda está saldada con el proveedor. 

De hecho, Carlos Fidalgo explica que con respecto a este segundo procedimiento el requerimiento inicial se realizó en julio 2016 y la demanda  en septiembre. Un año después se realizó un allanamiento parcial con sentencia en diciembre. "Esta vez el ayuntamiento pagó el principal en mayo de 2018. Liquidamos intereses junio 2018, hace un año, pero en noviembre tuvimos que presentar una diligencia del Juzgado requiriendo al Ayuntamiento a pagar los intereses, que suma un total de 17.893,56 euros, sin que hasta la fecha se hayan abonado".

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