Juicio por estafa

Absuelto de apropiarse del piso de una viuda en Matalascañas

  • Un gestor inmobiliario le compró el piso al no conseguir otros compradores

  • La única beneficiaria de la operación fue la vendedora, dice la Audiencia

La playa de Matalascañas

La playa de Matalascañas / Alberto Domínguez

La Audiencia de Sevilla ha absuelto a un gestor inmobiliario para quien pidieron seis años y medio de cárcel por, supuestamente, apropiarse de un piso en Matalascañas propiedad de una viuda que le encargó su venta.

La vendedora le imputó presuntos delitos de  administración desleal, apropiación indebida o estafa con la agravante de abuso de confianza, por los que solicitó seis años y medio de cárcel y una indemnización de 119.346 euros por el precio del piso y 15.470 por el daño moral.

Según la sentencia a la que tuvo acceso este periódico, el acusado J.R.G. recibió de la señora, tras el fallecimiento de su marido en febrero 2013, el encargo de quitarle una deuda hipotecaria sobre un piso en Matalascañas y le dio un poder notarial para facilitar su labor en su condición de gestor inmobiliario para “comprar, vender o permutar o transmitir incluso le permite incurrir en auto contratación”.

El acusado puso el piso en venta a través de su agencia y portales de Internet, sin que le saliera ningún comprador. Lo anunció por 90.000 euros y solamente tuvo una oferta de 60.000 euros procedente de un vecino.

Trató de renegociar la deuda con el banco, que lo rechazaba por la falta de liquidez de la señora. Entonces, previo conocimiento de la denunciante, hizo uso del poder notarial y el 18 de abril de 2016 vendió el piso a su propia esposa, dice la sentencia facilitada por el TSJA. 

Se fijó como precio de venta 10.000 euros, cantidad que según los magistrados “no es descartable que se correspondiese con pagos debidos a gestiones inmobiliarias que hasta el momento había efectuado el acusado”.

El acusado, por su parte, sabía que se hacía cargo de la hipoteca que soportaba la finca pues a fecha de los hechos el banco le reclamaba 83.117 euros más 24.935 euros de intereses y costas.

La sentencia considera demostrado que, después de la compraventa, el gestor y su esposa se hicieron cargo de los recibos de suministros impagados, la comunidad de propietarios, el Impuesto de Bienes Inmuebles, el impuesto de transmisiones y todos los gastos notariales y de registro.

Pero una vez en su poder la escritura de compraventa, el acusado se enteró de que la hipoteca estaba en fase de ejecución, pese a lo cual persistió en mantener conversaciones con el banco, sin éxito, para subrogarse en la hipoteca.

Según la sentencia, “no quedan probadas las manifestaciones de la acusación particular cuando indica que el dinero que recibiera por la venta tenía que invertirlo en el pago del crédito hipotecario“ y el “interesado testimonio" de la señora “no se ha visto contrariado por ningún otro dato objetivo”.

Es más, al haber fijado un precio de 10.000 euros, a quien beneficiaba a la hora de abonar la plusvalía es a la parte vendedora.

Los magistrados no creen demostrado que el gestor inmobiliario ocultara a la denunciante su decisión de comprar la finca para sí mismo y por el contrario sí que consideran que la señora no le informó sobre el estado de la ejecución inmobiliaria, pues de haberlo hecho el acusado “no hubiera realizado ninguna gestión ni menos hubiera comprado”.

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