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Primeras detenciones en Italia tras la entrada en vigor de la ley de inmigración ilegal

  • la nueva normativa prevé un proceso ante el juez en el que las personas en situación irregular podrán ser expulsadas del país de forma inmediata.

La entrada en vigor de la ley sobre Seguridad del Gobierno de Silvio Berlusconi, que considera la inmigración ilegal como delito y que autoriza las rondas callejeras de ciudadanos voluntarios, ha causado hoy las primeras detenciones, mientras se mantienen las posturas encontradas sobre su aplicación. 

Fuentes de la jefatura de policía de Pescara (centro-este), confirmaron que la Policía ha arrestado a dos personas de nacionalidad marroquí en situación irregular en Italia, que serán procesadas el próximo lunes. 

A estas detenciones se suman numerosas denuncias durante la noche interpuestas contra inmigrantes ilegales en ciudades como Bolonia, Milán o Sanremo, informaron los medios italianos. 

En materia de inmigración, la nueva ley prevé multas de entre 5.000 y 10.000 euros (de entre 7.095 y 14.190 dólares) a los inmigrantes sin papeles, así como un proceso ante el juez en el que las personas en situación irregular podrán ser expulsadas de Italia de forma inmediata. 

Asimismo, se amplía hasta seis meses el tiempo de retención de los indocumentados y se fija la necesidad de estar en posesión de documentos en regla para poder acceder a las oficinas públicas. 

Precisamente, este punto fue uno de los que generó más polémica cuando el proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de los Diputados, ya que la oposición advirtió del riesgo de que algunas madres no pudieran inscribir en el censo a sus hijos, al carecer de documentos. 

La nueva disposición también contempla penas de cárcel de entre seis meses y tres años para aquellos italianos que alquilen una casa a inmigrantes indocumentados y endurece los requisitos para obtener la nacionalidad italiana a través del matrimonio con un ciudadano de este país. 

El presidente de la Cámara de los Diputados, Gianfranco Fini, que hoy se encontraba en Bélgica para conmemorar el 53 aniversario del incidente en una mina en la que fallecieron 136 italianos, declaró que esa experiencia demuestra la necesidad de "respetar al inmigrante" y de "integrarles garantizando la seguridad". 

Otro de los puntos que ha causado mayor polémica ha sido la introducción de rondas para vigilar las calles, una medida que muestra la preocupación que la seguridad supone para el Gobierno de Silvio Berlusconi y, sobre todo, para sus socios del Ejecutivo de la federalista Liga Norte (LN), principal impulsora de la medida. 

Se trata de una disposición que, en líneas generales, cuenta con mayor apoyo entre los Ayuntamientos del norte del país que entre los del sur. 

Así, el teniente de alcalde de Nápoles, Sabatino Santangelo, manifestó hoy que esta ciudad apoya que "la seguridad y la legalidad sean responsabilidad de las fuerzas del orden". 

Mientras, el alcalde de Verona, Flavio Tosi, de la Liga Norte, subrayó que, durante los últimos nueve meses en los que se han puesto en marcha una serie de pruebas con rondas ciudadanas en esa localidad, se han obtenido "óptimos resultados". 

El portavoz del partido liderado por Berlusconi, el Pueblo de la Libertad (PDL), en la Cámara de los Diputados, Italo Bocchino, señaló que las medidas en materia de seguridad dispuestas por el Ejecutivo "darán óptimos resultados a breve término". 

"La presencia del Ejército en las ciudades y de los voluntarios por la seguridad comportarán un descenso de los crímenes, asegurarán la tranquilidad de los ciudadanos y tan sólo asustarán a los delincuentes", afirmó. 

Por su parte, el ministro del Interior y uno de los mayores sostenedores de la medida, Roberto Maroni, firmó hoy la reglamentación por la que se regirán las rondas, que no podrán estar formadas por más de tres personas, ni llevar armas, medios motorizados o animales. 

Asimismo, el voluntario que desee patrullar las calles de Italia no podrá tener antecedentes penales, no podrá pertenecer a asociaciones que inciten a la violencia o a la discriminación, y deberá superar un curso organizado por las entidades locales. 

La nueva ley, conocida como "paquete de seguridad", fue aprobada por el Parlamento el pasado 2 de julio, no sin polémicas, ya que la introducción del delito de inmigración clandestina encajó las críticas de la oposición, de la Iglesia y del presidente de la República italiana, Giorgio Napolitano.

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