La Audiencia Nacional anuló ayer las tarifas que impone el canon digital, al considerar en una resolución de su sala de lo Contencioso-Administrativo que la orden ministerial que regula dicha tasa es un reglamento, por lo que su aprobación requería determinados trámites relativos a memorias justificativa y económica y un dictamen del Consejo de Estado que no se hicieron. El tribunal estimó que la orden está afectada "de vicio radical", aunque rechazó "por falta de competencia" la pretensión de los recurrentes, entre ellos la Asociación de Internautas, de que se devuelva lo recaudado por el canon.

Con el canon digital, implantado en junio de 2008, se pretendía compensar a los autores por los ingresos que dejan de percibir cuando se hace una copia de su obra, y por eso grava los soportes susceptibles de almacenar cualquier tipo de creación.

Los recurrentes argumentan que la orden vulneraba la Constitución y la Ley de Propiedad Intelectual, y sostenían que el canon daña principios como el de igualdad ante la ley, la libertad de empresa, el libre acceso a la cultura y la ciencia o la defensa de los intereses de las organizaciones profesionales.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) dictaminó el pasado octubre que el sistema aplicado en España "no era conforme" al derecho de la UE en el supuesto de que los soportes de reproducción sean adquiridos por empresas o profesionales para fines distintos a la copia privada, aunque reconocía su legalidad en el caso de los particulares con independencia del uso que den a estos artículos.

Para adaptarse al derecho comunitario, el Gobierno está estudiando una reforma de la regulación del canon digital con el objetivo de tener lista esta revisión en el plazo de tres meses. Ángeles González-Sinde aseguró ayer que esta resolución "no altera los planes" del Ministerio de Cultura, que ya trabaja para eliminar los "defectos de forma".

Por su parte, las entidades de gestión de derechos de autor estudian recurrir el auto de la Audiencia Nacional, aunque recordaron que éste "no cuestiona la legalidad de la tasa". En el otro extremo, Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, celebró que la Justicia haya reconocido lo que su entidad "estaba pidiendo" desde hacía años, por lo que calificó la noticia como "excelente". "Han sido tres años de pelea", explicó Domingo, y esta resolución "tira la estructura que plantearon las entidades de gestión de derechos".