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Orquesta Barroca de Sevilla

El ICAS paga a la OBS el 25% que restaba de la ayuda de 2017

  • Ventura Rico lamenta que se siembre la duda sobre la justificación de su subvención y Antonio Muñoz defiende el nuevo modelo de contratación artística

Ensayos de la Orquesta Barroca en el Espacio Santa Clara.

Ensayos de la Orquesta Barroca en el Espacio Santa Clara. / Victoria Hidalgo

El coordinador de la Barroca de Sevilla (OBS), Ventura Rico, lamentó ayer en un comunicado "que no hubiera ninguna autocrítica por parte del Consistorio ni asunción de responsabilidad en los retrasos en los pagos a la formación" a los que atribuye el que, como avanzó este medio, peligre su temporada 2019, aún no presentada. Rico criticó el que "se hubiera sembrado la duda en el lector de que dichos retrasos pudieran ser achacables a nosotros, que hemos presentado en todo momento la documentación que nos ha sido requerida dentro del plazo de 10 días que establece la ley".

En los últimos años, la OBS financió parcialmente su temporada de conciertos en Sevilla gracias a una subvención nominativa municipal, de entre 75.000 y 85.000 euros, que conjugaba con la recaudación de taquilla y la coordinación con otras entidades. "Administrativamente, dicha subvención nominativa se rige por un convenio entre las partes que establece el adelanto del 75% del importe a subvencionar en el momento de la firma y el 25% restante tras la justificación del gasto por parte de la OBS y su debida fiscalización a cargo del servicio de Intervención del Ayuntamiento", detallaba Rico en su misiva.

El ICAS adeudaba el 25% de 2017 y todo 2018 a la formación el pasado martes, cuando Diario de Sevilla se hizo eco. Ayer, ese 25% había sido transferido a la Barroca, según confirmó este medio con el Ayuntamiento y la propia OBS.

En su texto, Rico recordaba que "hasta el pasado 30 de octubre no había recibido la notificación de la finalización del proceso de fiscalización de 2017, pese a que el 31 de enero de 2018 presentamos la documentación acreditativa del gasto de 2017". Hasta que se fiscaliza el ejercicio anterior no se permite la firma del nuevo convenio que regula la ayuda de 2018, subvenciones nominativas que están vinculadas a la aprobación del presupuesto municipal.

La OBS, que ya ha desembolsado el 100% del gasto de la actividad de 2018, teme que "si se repiten los plazos de 2017, no cabría esperar la firma del convenio (y el cobro de la subvención) antes del verano de 2019, y esto nos provocará una continua asfixia financiera".

Las diferencias de criterio entre la Intervención y la OBS estarían en el origen del problema de los retrasos, según fuentes municipales, que pusieron como ejemplo que otras subvenciones nominativas, como la del Mes de Danza, sí han cobrado la ayuda de 2018.

Conocedor de las dificultades que adelantar esas cantidades acarrea para la OBS, el Consistorio, según el delegado de Cultura, Antonio Muñoz, propuso a la formación cambiar el modelo de ayudas por contrataciones artísticas por valor de 148.000 euros. Esta opción, que hará posible los conciertos que el Consistorio contrate a la OBS en 2019, como los de la Sala Turina, no garantiza sin embargo el desarrollo de otras actividades que la orquesta asumía con la subvención nominativa, como los programas didácticos en institutos, cuya cancelación comunicó Rico a los centros días atrás.

La situación de la OBS permitió ayer que el Grupo Popular en el Ayuntamiento calificara de "caos" la gestión del ICAS y pidiera al alcalde, Juan Espadas, que pusiera "orden y concierto". La portavoz popular, Mar Sánchez Estrella, recordó en declaraciones a Europa Press que "Antonio Muñoz prometió en junio de 2017 abordar la reconversión del ICAS, consciente de que provocaba un cuello de botella administrativo, pero no ha hecho nada hasta el momento y los principales perjudicados son las entidades culturales y artísticas de la ciudad". Muñoz le replicó, también en declaraciones a Europa Press, "que el ICAS no sólo paga en tiempo y forma a sus proveedores, sino que lo hace en un menor tiempo, concretamente en 18,5 días de media, frente a los 30 días que exige la normativa".

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