Abdicaciones, renuncias... y Ley de la Corona

LA abdicación del rey Alberto de los belgas, precedida semanas antes por la abdicación de la reina Beatriz de Holanda, y después por la del emir de Qatar, ha reabierto el debate público y político sobre la oportunidad de que don Juan Carlos contemple su propia abdicación. No han faltado quienes se han empeñado en encontrar paralelismos entre el rey belga y el español: casi la misma edad, problemas de salud, imagen cuestionada en los últimos tiempos por presuntas infidelidades matrimoniales … y herederos con idéntico nombre: Felipe.

Sin embargo, son muchas las distancias que separan a ambos: don Juan Carlos ha sido hasta hace poco la figura institucional de mayor crédito entre los españoles y en la esfera internacional, mientras que nunca Alberto II fue una persona apreciada por su pueblo, la prueba es que se llegó a pedir al rey Balduino que ante la falta de hijos en su matrimonio designara heredero a su sobrino para eliminar así a Alberto de la sucesión. El problema de salud del rey Alberto está relacionado con el cáncer que sufrió hace unos años mientras que don Juan Carlos sufre dolencias que afectan exclusivamente a su movilidad; y en cuanto a los herederos, Felipe de los belgas es una figura que, como su padre, no es excesivamente querida, de carácter superficial, poco simpático de trato, del que existen dudas sobre sus aptitudes para asumir las responsabilidades de la Jefatura del Estado. Ha protagonizado algún desagradable altercado público -aunque nunca tan grave como los de su hermano Laurent- y se ha cuestionado la relación que mantiene desde hace años con un hombre. Don Felipe de Borbón está considerado el heredero mejor preparado de las monarquías europeas y cada vez tiene mayor aceptación popular en España. Nada que ver por tanto el rey y heredero de los belgas con el Rey y el príncipe heredero español. Don Juan Carlos ha cometido errores en los últimos tiempos que le llevaron a pedir perdón públicamente, pero los casos belga y español no son comparables.

El pasado jueves, el grupo de periodistas que cubren habitualmente las informaciones relacionadas con la Casa Real fueron convocados a un desayuno en Zarzuela con el Jefe de la Casa de S.M. el Rey, Rafael Spottorno, y el jefe de comunicación de la Casa, Javier Ayuso. Ni era la primera vez que se les convocaba ni tenía que ver la reunión con el anuncio de la Casa Real belga, y de hecho no se habló de abdicación, pero sí de los asuntos de la Casa que provocan más titulares: el episodio de la infanta Cristina con su DNI utilizado para la compraventa de bienes inmuebles con la no creíble explicación de la Agencia Tributaria, la situación de Urdangarín y de la propia Infanta a medida que avanzan las investigaciones sobre las empresas del yerno del rey, el efecto de las largas sesiones de rehabilitación del Rey y los datos relacionados con su vuelta a la actividad, que incluyen importantes actos en su agenda incluido un viaje a Marruecos para mantener los habituales contactos con Mohamed VI que tan importantes son para potenciar las siempre delicadas relaciones entre España y el país magrebí.

Un capítulo relevante en el encuentro con los periodistas fue el de los dineros del Rey y la herencia de don Juan, que según noticias publicadas semanas atrás incluían relevantes cantidades depositadas por el padre del Rey en cuentas de bancos suizos. Tanto Spottorno como Ayuso explicaron que habían servido para pagar deudas del conde de Barcelona, y creían que se habían pagado los impuestos derivados de los derechos sucesorios aunque no disponían de los documentos que lo acreditaban. Explicaciones -que tendrán que ampliar con esos documentos- que hasta ahora no se habían dado con tanta minuciosidad, actitud que sin duda tiene que ver con la Ley de Transparencia que ultima su tramitación parlamentaria, y en la que se ha incluido a la Corona por expreso deseo del Rey, como así lo manifestó al presidente Rajoy a finales del año pasado cuando el Gobierno anunció que se disponía a elaborar esa ley que consideraba fundamental, por respeto a los ciudadanos que tienen derecho a conocer el estado de las cuentas de los cargos públicos, y también para dar credibilidad a las instituciones y a la clase política.

De la Ley de Transparencia se ha hablado mucho en los últimos tiempos, pero muy poco en cambio de un proyecto que no acaba de iniciar su andadura y que sin embargo resolvería algunas de las cuestiones relacionadas con la Familia Real. Es la ley que desarrollaría el artículo 57.7 de la Constitución, y a la que alguien llamó Ley de la Corona y se conoce con ese nombre aunque nadie se ocupado todavía de plasmarla en un texto y por tanto no tiene nombre oficial.

Sería la ley que debería regular las renuncias dinásticas en la Familia Real, las cuestiones económicas, el estatus del Príncipe de Asturias y la posible creación de su Casa independiente de la del Rey; asuntos protocolarios todavía no resueltos, el papel institucional de la reina viuda … y todo lo concerniente a las abdicaciones reales.

En el último tramo del Gobierno de Felipe González - el presidente que, junto al Adolfo Suárez de los primeros años, tuvo una relación de mayor confianza con el Rey-, don Juan Carlos y el entonces presidente hablaron seriamente de la necesidad de impulsar esa ley que cubriría importantes vacíos legales que hasta el momento se resolvían pidiendo opinión al Consejo de Estado o copiando fórmulas de otras casas reales. Incluso llegó a circular un boceto de ese proyecto que debe estar archivado en algún lugar de Zarzuela y de Presidencia, pero otros asuntos que parecían más urgentes la fueron postergando sin que hasta ahora se haya puesto en marcha el proceso que culminaría en esa Ley de la Corona, que tendría que ser ley orgánica. Sin embargo es algo que don Juan Carlos ha hablado con todos los presidentes y con los dirigentes de los partidos de la oposición. Es decir, algo se ha movido en ese terreno, porque ha habido expertos constitucionalistas que han sido consultados sobre esa ley para tener información solvente el día que se decidiera redactarla.

Hay varias interpretaciones a cómo debería ser la ley. Alguna apuesta por una redacción muy sencilla que regule fundamentalmente las normas respecto a la renuncia de los derechos dinásticos y la abdicación del Rey; otra aboga por una ley muy amplia que además de abdicación y renuncia incluya todas las cuestiones ante las que la Familia Real tendría que tomar decisiones que conviene que se hayan previsto por la ley, entre ellas la posible creación de la Casa del Príncipe, incompatibilidades de los miembro de la Familia Real, responsabilidades jurídicas, asuntos de protocolo y la transparencia plena sobre el presupuesto de la Casa; y una tercera línea cree más conveniente una ley que da atribuciones al Parlamento para que decida sobre la abdicación y las renuncias en función del caso particular que se presente.

Nada hay decidido. La propuesta de iniciar el trabajo sobre la Ley de la Corona estuvo abierta hace un tiempo, pero desde hace meses no se ha vuelto a plantear. La razón es obvia: no es el mejor momento para abrir un debate sobre la Ley de la Corona, es más prudente esperar a que se recupere el clima de respeto que tradicionalmente se ha visto en relación con la Familia Real. Pero que no esté planteado en este momento, no significa que se haya aparcado el proyecto de regular por ley las cuestiones relacionadas con la institución, con la Jefatura del Estado. Y las abdicaciones producidas en las casas reales de Holanda, Qatar y Bélgica recuerdan que una Ley de la Corona cerraría un debate en el que hoy están empeñados sectores sociales muy concretos. No precisamente monárquicos.