PARECE que ya estamos descontando el rescate a España y no sólo el de la banca. Sin ayuda europea y sin cumplir las exigencias que puedan traducirse en confianza para los financiadores no podremos seguir atendiendo las necesidades del erario público. La Administración no podrá sanear sus finanzas con apoyo en el crecimiento económico porque éste no se va a producir en los próximos años, al menos a una tasa significativa. La alternativa sería una nueva elevación del IVA e IRPF en 2013, pero a ello, afortunadamente, parece haber renunciado el presidente del Gobierno, quizá con un reconocimiento implícito de que los resultados serían escasos en recaudación y muy contraproducentes para la actividad económica. Por su parte, la base de algunos impuestos especiales relevantes -hidrocarburos y energía eléctrica- está decayendo mes tras mes y sería bastante absurdo tratar de compensarla con tipos más elevados.

La situación no es mejor para los tributos cedidos a las comunidades autónomas, casi completamente dependientes de actos y transacciones económicas muy minorados ahora y en los próximos años. Y en el ámbito local la penuria es evidente, dada la perversa dependencia que se ha establecido con unos ingresos no recurrentes procedentes de la actividad inmobiliaria. No hay solución, pues, por el camino fiscal convencional, por mucho que algunos crean que elevando los impuestos a los ricos se soluciona el problema. Simplemente, no hay fortunas para tanto ingreso extra como se necesita.

Bien. Nos quedaría atajar el fraude consentido y el todavía no identificado. Respecto al primero no cabe otra que eliminar el perverso sistema de tributación por módulos y, muy probablemente, obligar a que los autónomos se constituyan en sociedades unipersonales. Ya no cabe la antigua justificación de las dificultades para llevar la contabilidad, toda vez que muchos de ellos no llevan una sino dos: la real y la oficial. Y en cuanto al segundo, no alcanzo a imaginar por qué milagro la Agencia Tributaria va a ser de inmediato mucho más eficaz de lo que ya es, y lo es bastante. No es ésta tampoco una vía efectiva de solución.

El patadón y p'alante, que no otra cosa ha sido el endeudamiento en que hemos incurrido para evitar las reformas más difíciles de adoptar, se ha terminado para las comunidades autónomas y para el Estado, de modo que tampoco por aquí hay un camino.

¿Cuál nos queda? Pues el que se ha tratado de evitar de una u otra forma: el de la contención estructural del gasto público, cosa que no hemos hecho hasta ahora, ya que nos hemos limitado a meros racionamientos de las prestaciones, ya sean de la financiación de fármacos, de profesores escolares, de desempleo y otras muy diversas. Este tipo de contención va a ser muy difícil de realizar porque se basa en tres dimensiones que para muchos afectan incluso a los cimientos de nuestra organización social y van a ser, en consecuencia, objeto de rechazo. Son éstas dimensiones: a) las políticas que el Estado ha decidido asumir, b) la forma en que se ejecutan, ya sea pública, privada o mixta y c) la distribución territorial-competencial de las decisiones de gasto público. No se ha prescindido hasta el momento de ninguna política pública sino que, en todo caso, se deja en suspenso hasta que vuelva a haber recursos. Tampoco hay una discusión digna de tal nombre sobre las ganancias de eficiencia que pudieran provenir de la ejecución privada de algunas políticas de prestación pública directa. Y no parece que haya una disposición favorable a modificar la distribución de las decisiones de gasto público, porque en ello descansa precisamente el poder efectivo de la forma de representación política que hemos consagrado en la Constitución de 1978.

Sin embargo, es éste el elemento crucial. Dado el tamaño del gasto público en España, la función principal de los ayuntamientos y de las comunidades es, simplemente, asignar gasto bien a funciones obligadas o bien a las que tienen por conveniente. Pero es imposible que estas asignaciones tengan la debida eficiencia si se adoptan de un modo tan descentralizado. Hemos soslayado la eficiencia mientras hemos podido, gracias a los ingresos fiscales o gracias a los préstamos del exterior, pero hemos alcanzado el límite. O, más bien, lo hemos superado con creces porque el déficit que hemos acumulado no ha tenido ni tendrá efecto alguno en la recuperación del crecimiento. Ha servido, simplemente para mantener la arquitectura del Estado y, con limitaciones, para atender las más importantes políticas asistenciales.

La Constitución transformó regiones en comunidades autónomas, pero con un diseño que no parece muy racional y sí más debido a razones históricas o de oportunismo político. La irracionalidad se manifiesta, por ejemplo, en que La Rioja con todo su aparato tiene tanta población como Córdoba capital. En que Badajoz podría contener a Navarra y al País Vasco, y sobra sitio para casi la mitad de Cantabria. O en que el PIB de la provincia de Sevilla es mayor que el de siete comunidades autónomas por separado, entre ellas Aragón o Navarra. No tienen sentido a efectos de la organización pública ni las comunidades uniprovinciales ni las de gran extensión con poca población ni las ciudades autónomas. El lector puede tomar un mapa de España y la estadística del INE e imaginarse sin reparos su propia nueva distribución. Yo creo que con diez tendríamos bastante.

La distribución provincial que ha mantenido la Constitución no está lejos de su segundo siglo de vigencia, pero los criterios con los que se estableció poco tienen que ver con la realidad actual, auque fueron muy racionales: coherencia geográfica, extensión (viaje a la capital en menos de un día) y población (entre 100.000 y 400.000 personas). En el ámbito administrativo ¿tiene sentido mantener 52 provincias con todo su aparato en la realidad actual? Y en el ámbito del sentimiento, ¿hay alguna persona que se identifique con una provincia, al margen de los empleados en las diputaciones, cuando piensa en su territorio propio?

Y en relación con los municipios es muy razonable que se mantengan denominaciones y costumbres, pero también lo es que la unidad de decisión de gasto y de prestación de servicios tenga al menos 20.000 habitantes. Y me temo que esto no puede ser suplido por las diputaciones, por muy diversas razones, ni tampoco por las mancomunidades tal como están configuradas, de modo que será necesaria una nueva forma de gerencia -probablemente no política- para las nuevas agrupaciones municipales, reubicando la política en el ámbito de la dirección y representación que le es natural.

¿Parece imposible tal alteración del status quo? Pues sí, pero los griegos y los italianos ya lo han hecho porque no les quedaba más remedio. A España, dentro de poco tiempo, tampoco le va a quedar más remedio. Y si no lo hacemos nosotros, en el maletín de los hombres de negro habrá también un mapa y un lápiz, además de la calculadora.