Este gobierno, que se marcó como objetivo desde el primer momento el asalto a las instituciones del Estado, cambiando incluso tradiciones y normas cuando ha sido necesario, encalla en cambio en su intención de entrar a saco en el mundo de la judicatura. Tomó una decisión que provocó escándalo, que Dolores Delgado pasara directamente del ministerio de Justicia a al Fiscalía General, donde como se suponía ha tomado decisiones que han dado la razón a quienes denunciaron la operación. Pero en cambio los jueces se resisten a perder su independencia, que es una de las señas de identidad de la democracia.

El Gobierno pretendió controlar el CGPJ cambiando la fórmula de elección, pero se encontró con que la luz roja de la Unión Europea. Ha intentado el gobierno impedir que el Consejo tomara decisiones sobre nuevos nombramientos alegando que estaba en funciones, pero desde la hemeroteca salieron declaraciones de allegados de Sánchez, empezando por su ministro de Justicia, afirmando que un CGPJ en funciones tiene competencias para hacer nombramientos. El Consejo hará nombramientos este jueves, aunque aplazará los más polémicos para decidir sobre los cargos a los que solo aspira un candidato o existe consenso claro sobre el profesional más adecuado.

Sánchez insiste en que el PP bloquea la renovación, y el PP asegura que el ministro de Justicia Juan Carlos Campo, y el responsable de las cuestiones de Justicia del PP, Enrique López, había llegado a un acuerdo que se vino abajo cuando Sánchez se plegó a la exigencia de Pablo Iglesias de que Podemos interviniera en las negociaciones y designara un representante en el nuevo Consejo. El PP se puso firme en el no, que hoy por hoy es inamovible, pero también se advierten ya la incomodidad de algunos ministros socialistas. Por el hecho de que el presidente no se imponga a su vicepresidente segundo y también porque el nuevo Consejo tendrá un mandato de cinco años, y contar allí con un vocal de Podemos durante tanto tiempo, cuando no se sabe cuál es el futuro de ese partido y qué deriva puede tomar ante asuntos que rozan los principios constitucionales es un riesgo que no quieren asumir.

Sánchez explica ahora que, una vez aprobados los Presupuestos se producirán cambios importantes en el Gobierno para superar el descontento que ha provocado entre sus votantes algunas decisiones; y también para controlar las ansias de Iglesias de imponer su criterio. Los socialistas que aún confían en la palabra de Sánchez, quieren creerle. Los decepcionados irredentos, piensan que el presidente está echado al monte y no tiene remedio.