Parar la violencia

LA agresión sufrida por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a la salida de un acto preelectoral celebrado en Vilanova i la Geltrú, en la provincia de Barcelona, ha sido condenada por las fuerzas políticas democráticas y los candidatos al Parlamento Europeo, pero la polémica que ha enfrentado después al PP con las autoridades de la Generalitat indica que no existe una visión compartida contra la violencia que permita a los demócratas afrontar estos episodios. El coche del ministro, que fue víctima de patadas y lanzamiento de piedras y botellas por un reducido grupo de elementos antisistema, no pudo abandonar el lugar porque los violentos habían colocado unos maceteros en la vía pública que obstaculizaron el paso pese a la presencia de una dotación de mossos encargada de velar por la seguridad de las personas. Es lo que ha originado un agrio cruce de declaraciones entre los populares y la Consejería de Interior de la Generalitat acerca de la calidad del dispositivo de orden establecido. Aunque los incidentes y desórdenes registrados en la actual campaña electoral no han sido, en general, ni numerosos ni especialmente graves, lo inquietante es que en los últimos años la vida pública está teñida de violencia verbal y física contra los políticos de todos los partidos. Aunque el trasfondo de estas actitudes se enraiza en la crisis y sus consecuencias, con la desesperación de un amplio sector de la sociedad española, conviene subrayar que esto ha servido como pretexto para el despliegue y el activismo de grupos extremistas que han encontrado en el malestar social el caldo de cultivo para sus expresiones violentas que, no hay que equivocarse, no cuestionan a este o aquel candidato, sino al sistema democrático mismo, basado en el respeto a las ideas ajenas y la convivencia pacífica de todas las ideologías. Unos cuantos miles de españoles de un total de 46 millones que conforman la población del país están firmemente decididos a atacar la democracia, vulnerando los derechos de otros ciudadanos, especialmente de los que se dedican, con más o menos acierto, a la actividad política. Está llegando el caso de que los dirigentes políticos empiezan a salir a la calle con temor. Justificadamente, porque son frecuentes las intimidaciones verbales, los zarandeos e insultos y las coacciones en cualquier ocasión y lugar (por ejemplo, los escraches). Esta situación debe ser atajada por la actuación profesional y preventiva de las fuerzas de orden público, la unánime condena de los partidos democráticos y el aislamiento social de los violentos, a los que hay que hacer sentir su condición minoritaria y lo absurdo de su pretensión de representar al pueblo indignado.