Seguridad jurídica

DICE Catalá que todo esfuerzo es poco para preservar la seguridad jurídica. En realidad, ese logro, teóricamente garantizado en nuestra Constitución, se convierte en fundamental para el funcionamiento de la democracia. Significa, en esencia, que los ciudadanos atesoren la convicción racional de que las leyes se van a aplicar de forma estable y objetiva, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de gobernantes y jueces puedan anublar tal certeza.

Seguridad y previsibilidad son conceptos afines: únicamente donde las normas se respetan y se cumplen, donde el derecho permanece tendencialmente inmune al subjetivismo y al azar, cabe hablar de una sociedad moderna y desarrollada.

Tiene, en primer lugar, una proyección moral: un pueblo afectado por la ilegalidad y la informalidad carece del espíritu necesario para progresar. Si la ciudadanía siente que las reglas son papel mojado para el Estado, duda, desconfía, se desmorona y acaba inerme frente a canallas y oportunistas.

Alcanza también, en segundo, una obvia dimensión económica: una sociedad irrespetuosa con sus propias normas espanta la inversión, externa e interna, detiene el fluir natural del capital y renuncia a su verdadera capacidad productiva.

Implica, por último, la necesidad de entender que la auténtica autoridad del Estado no se asienta en personalismos, ni en una hegemonía partidista siempre temporal, sino en un cuerpo de leyes que acatan y operan los mandatos constitucionales. De ahí la importancia del orden institucionalizado, de la división de poderes y de la óptima coordinación de funciones regulatorias.

De la seguridad jurídica derivan piezas claves de la máquina jurídica: la irretroactividad de las leyes, la comprensibilidad y cabalidad de las mismas, la tipificación legal de delitos y penas, la cosa juzgada, la caducidad de las acciones o la prescripción. Dos síntomas me servirán para argumentar los pésimos tiempos que, para este anhelo, nos toca vivir: de una parte, la proliferación de una legislación confusa, hipertrofiada, técnicamente inaceptable, oscura e incompleta; de otra, el desastre de un sistema judicial en el que la ley se puede torcer, eternizar en su aplicación y hasta politizar en sus modos, ritmos y decisiones. Malas normas y malos jueces son factores crecientes de una inseguridad de la que, créanme, sólo se aprovecharán quienes persiguen demoler el irrenunciable imperio de nuestra normalidad democrática.