La explosividad de la deuda

EN el informe de la Intervención General del Estado del mes de mayo se señala que el déficit de caja acumulado por el Estado (sin incluir corporaciones locales y comunidades autónomas) durante los primeros 5 meses del año supera los 19.000 millones, aproximadamente un 1,8% del PIB. Este dato es el reflejo de varias partidas, pero principalmente del aumento en un 14,2% en el gasto no financiero del Estado con respecto a mayo de 2008 y del descenso en un 23,8% en los ingresos no financieros, el 90 % de los cuales procede de la recaudación de impuestos. También es el resultado de añadir al déficit primario de casi 13.000 millones (8.700 millones de superávit por estas mismas fechas del año pasado), otros 6.500 millones en concepto de pagos de intereses. Un deterioro importante en las cuentas públicas que, sin embargo, consigue acomodarse entre la opinión pública y la crítica especializada gracias a la complicidad solidaria a la que obliga la crisis.

En la zona euro, donde la perspectiva es más amplia y también existe la posibilidad de comparar la situación en diferentes países y de manera inmediata y completa, se tiende a evitar la complacencia con todo aquello que pueda suponer una fuente de tensiones financieras o inflacionistas, pero especialmente con las originadas en las administraciones públicas. No sorprende, por tanto, que se haya decidido iniciar un procedimiento de déficit excesivo sobre cinco países que incumplen la regla del 3% del PIB como máximo nivel de déficit público permitido. Uno de ellos es España, que tendrá de plazo hasta 2012 para corregir la situación.

El Ministerio de Hacienda que dirige Elena Salgado se ha puesto las pilas para encontrar cuanto antes soluciones a los problemas urgentes planteados. El primero, el más inmediato, es el de conseguir los recursos financieros que se necesitan para terminar el año y que han llevado a tratar de aprovechar la favorable evolución de los indicadores de confianza para colocar antes del verano casi 60.000 millones en deuda pública. Se trata de algo más de las dos terceras partes de la totalidad de la capacidad de endeudamiento reconocida para el conjunto del año (87.000 millones), pero que finalmente superará la barrera de los 100.000 millones, como reflejo de la evolución descontrolada de un déficit público que podría aproximarse al 10% del PIB. El segundo problema es comenzar a atender la demanda comunitaria para corregir el exceso de déficit en 2012, para lo cual sólo existen dos opciones: reducir el gasto o aumentar los impuestos. La cuestión es que ambas medidas serían procíclicas, conducirían la economía en una dirección contraria a la pretendida por los estímulos fiscales y estarían en contra de las recomendaciones internacionales al respecto, que, en el caso del FMI, se concretan en actuaciones rápidas, duraderas, diversificadas, coordinadas internacionalmente y sostenibles desde un punto de vista financiero.

Este último aspecto, el de la sostenibilidad financiera de las actuaciones, merece ser destacado porque se plantea con el fin de evitar una situación de explosividad de la deuda, es decir, que los gobiernos se vean obligados a recurrir a un endeudamiento adicional para hacer frente al pago de los intereses. La condición básica para que una situación de estas características pueda aparecer es que las administraciones se muestren incapaces de generar superávit primario, es decir, un saldo positivo de ingresos y gastos no financieros. La condición secundaria es que la tasa de crecimiento de la economía sea, como mínimo, superior al tipo de interés real de la deuda. De esta forma se espera que el aumento de la recaudación permita hacer frente a los intereses de la deuda y e incluso a su amortización parcial con el remanente.

El panorama para el Ministerio de Economía y Hacienda es complejo, sobre todo porque apenas tiene tres años para conseguirlo, pero también porque todavía pude complicarse mucho más. Una posibilidad sería que la economía española entrase definitivamente en una situación de deflación. En este caso, los tipos de interés se incrementan, en términos reales, en idéntica cuantía a lo que se reducen los precios, elevando las exigencias de crecimiento a la economía para alejar la posibilidad de un crecimiento explosivo de la deuda. En cualquier caso, siempre existe la posibilidad de intentar manipular la composición de los ingresos fiscales, lo que en la práctica supone una reforma fiscal, con el fin de eliminar las consecuencias adversas de una subida de impuestos en una coyuntura como la actual. Ésta parece ser la opción en la que trabaja el Gobierno y también el tipo de propuestas que realizan los analistas. Es el caso de la polémica iniciativa de elevar ligeramente la tarifa del IVA y reducir en una magnitud equivalente la cotización a la seguridad social. El efecto esperado es un aumento en el precio de los bienes, pero especialmente en los importados, puesto que los producidos compensarían la subida de impuestos con la reducción de los costes laborales. El efecto es similar al de la devaluación de la moneda, puesto que conduce a un encarecimiento relativo de los bienes importados, pero no deja de tener inconvenientes, como el de una cierta carga proteccionista o el del aumento del coste de la vida en una coyuntura adversa para las clases más necesitadas, pero que en un hipotético supuesto de deflación convendría no perder de vista.