Los impuestos de los ricos

CON la trayectoria enfilada para lo que queda de tramitación de los Presupuestos para 2010, se esfuma la posibilidad de que sean los ricos, con sus impuestos, los que soporten los costes de las políticas del Gobierno para salir de la crisis. Al final, será la clase media, es decir, la inmensa mayoría, la que pague, que es lo que ha sucedido siempre y en todas partes, incluidos los Estados Unidos, que es dónde algunos países europeos han intentado copiar la medida, aprovechando la llegada del verano. Lo hicieron los británicos, que pretenden subir un 5% el tipo marginal a los que ganen más de 150.000 libras y eliminar las desgravaciones para los que tengan ingresos superiores a las 100.000, pero lo más llamativo ha sido la iniciativa de 44 millonarios alemanes que han solicitado al Gobierno la restauración del impuesto sobre el patrimonio a los 2 millones de contribuyentes con patrimonio superior a los 500.000 euros. Entienden que tienen la responsabilidad de contribuir especialmente a sacar al país de la crisis, aunque lo más probable es que la propuesta no prospere debido a la alianza de Merkel con los liberales para formar gobierno y a la insistencia de estos en su compromiso electoral de bajar los impuestos si llegasen a gobernar.

El problema en España es que no hay tantos ricos, aunque todo depende de donde se ponga el listón. Parece ser que unos 25.000 contribuyentes declaran bases imponibles superiores a 120.000 euros anuales, lo que obliga a admitir que, por mucho que se les apriete, difícilmente van a contribuir significativamente a cubrir el agujero de los 15.000 millones en las cuentas del Estado. Lo que sí sabemos es que un marcaje excesivo por parte de Hacienda suele llevar a los que tienen más recursos a encontrar vías de escape como las Sicav (sociedades de inversión de capital variable), que son unas sociedades donde, según acabamos de aprender muchos de nosotros, los ricos colocan sus patrimonios para tributar al 1%. También hemos podido aprender del debate en el Reino Unido que la medida puede tener efectos colaterales adversos, como la desaparición de incentivos al esfuerzo y al progreso personal y profesional o la invitación a llevarse los ahorros a un paraíso fiscal.

A pesar de todo, hay que reconocer la razón del Gobierno al sostener que el tratamiento fiscal que reciben las grandes fortunas en España es relativamente favorable, siempre que limitemos las comparaciones al resto de Europa occidental. Según la revista Forbes, un contribuyente casado que reciba en España un salario bruto de 100.000 euros al año, se lleva a casa 66.300. Esto es bastante más de lo que le quedaría si vive en Bélgica (51.600) o Suecia (51.000), pero también algo menos que a un alemán (67.800) y mucho menos que un francés (71.806). Todavía más ventajosa sería la situación para el empleador que, en términos brutos, se vería obligado a desembolsar un total de 110.300 euros, una de las cantidades más bajas de la UE anterior a la ampliación de 2004. Sólo en Dinamarca y Holanda el coste sería inferior, mientras que las peores condiciones se dan en Francia, donde el coste bruto para la empresa ascendería a 147.988 euros.