Contra el paro masivo

AUN con los datos de mayo, hemos perdido un millón de empleos en 18 meses. Hay casi dos millones de hogares con todos sus miembros en paro y tres millones son parados de larga duración. Cuatro de cada diez no cobra prestación alguna. La depauperación de las clases medias y trabajadoras y la exclusión social crecen a ojos vista. De no ser combatido, el paro masivo de hoy traerá más recesión y más paro mañana.

Rajoy mantiene que sólo cabe su política, bien distinta por cierto a la que prometió. Escondido tras el burladero de una "herencia recibida" que le impediría hacer otras cosas, mantiene que austeridad sin inversión, recorte de gasto, devaluación salarial y exportaciones, acabarán funcionando. Pero los españoles y sus representantes empresariales sindicales y políticos no pueden ni deben esperar porque otra política económica es posible. Tras año y medio en la Moncloa, el balance es desolador. Sin escuchar, hablar, ni acordar con nadie, es el único responsable de la situación del país.

A diferencia de la patriótica oposición que sufrimos ("que se hunda España, ya la levantará el PP"), el Partido Socialista ha ofrecido a Gobierno, agentes sociales y partidos un plan para reactivar la economía abierto a la negociación de un Acuerdo Nacional por el Empleo, con más de 60 medidas.

Y para crear empleo, lo primero es no destruirlo. Una moratoria a los despidos en industria y servicios, como el Kurtzarbeit alemán, salvaría empresas y miles de trabajos. El Estado asume un tercio de los costes laborales y las plantillas reducen otro tercio de jornada y salarios, pero sin consumir desempleo. Si con esta fórmula allí se mantuvieron 1,5 millones de puestos, ¿por qué no hacerlo aquí? Y en el sector público, los más de 300.000 despedidos recortan el gasto de hoy, pero ¿no agravan la recesión y, finalmente, el déficit de mañana?

Lo segundo es que España reactive su economía, ampliando en 30.000 millones la línea de crédito blando del MEDE, para que la banca preste a las empresas y reestructure hipotecas a familias vulnerables alargando plazos, reduciendo intereses y/o quitas de la deuda: así frenamos la exclusión social por desahucios. En línea con el informe del FMI de Abril y las prácticas de EEUU en las crisis de 1929 y 2009, al beneficiarse familias y empresas se evitaría un segundo rescate al sistema financiero por aumento de morosidad.

En tercer lugar, proponemos bonificar tres años el 100% de las cotizaciones el primero, y el 75% y el 50% los siguientes, a empresas con menos de 50 empleados que amplíen plantilla contratando parados. Y para los territorios con desempleo alto, planes extraordinarios aportados a la mitad por autonomías y Gobierno, lo que en Andalucía sumaría 500 millones a los ya aprobados por la Junta.

Por último, destaco un par de medidas más. La primera, una inversión de 4.000 millones en viviendas y edificios públicos para ahorrar energía. La segunda, un Fondo de Emergencia contra la Pobreza dotado con 1.000 millones para CCAA, ayuntamientos y ONG, daría apoyo a medio millón de familias y crearía o mantendría 30.000 empleos. ¿Y la financiación? Una tasa de solidaridad a la banca y un impuesto a los bonos de los altos ejecutivos la aportarían con creces. ¿Por qué no lo hacemos? Sin inversión pública para crecimiento y empleo no reduciremos significativamente déficit y deuda. Y esto nos lleva a la fiscalidad: nuestro problema no es de gasto, cuatro puntos de PIB inferior a la eurozona, sino de ocho puntos menos de ingresos. Intolerable que el fraude sea de 70.000 millones/año según la UE. Injusto que el 90% de los ingresos por IRPF recaigan en las nóminas y las grandes empresas sólo paguen el 10% de sus beneficios. Indecente que la Inspección Tributaria no disponga ni de la mitad de los medios que otros países, mientras el hambre física, 40 años después, ha vuelto a España.

En resumen: las políticas de la mayoría conservadora que gobierna España y Europa han fracasado. A la catástrofe para millones de europeos en el Sur se está añadiendo una recesión en el Norte que irá a más, salvo que rectifiquen cuanto antes. Los bancos centrales de EEUU, Gran Bretaña y Japón, los países emergentes o el propio FMI practican o recomiendan otra política.

Sólo Merkel y sus acólitos de la derecha, atrapados en su propia soberbia, se atreven a seguir negando lo evidente. Pero los ciudadanos europeos tenemos en nuestra mano la última palabra. Vamos a decírselo, alto y claro, en las instituciones y en la calle.

Y en mayo del año que viene, cuando elijamos el Parlamento Europeo, también en las urnas. Porque otra política es posible.