LA vuelta a un correcto funcionamiento del sector financiero es un requisito previo para solucionar los problemas macro y microeconómicos con los que nos estamos enfrentando, ya se manifiesten en términos de déficit público, de caída de la renta o de rápida elevación del desempleo. Ésta es una de las lecciones más robustas extraídas de las sucesivas crisis que los países occidentales hemos padecido durante el siglo XX.

Los gobiernos occidentales están atacando el problema con determinación. Pero ésta es una condición necesaria, pero no suficiente, para poder salir de la actual situación. Las políticas fiscales resultan imprescindibles para coadyuvar al restablecimiento de una senda de crecimiento estable a largo plazo.

Pero, ¿qué políticas fiscales? Aunque las interrelaciones entre los agentes dificultan la separación, dejemos a un lado -por razones de espacio- las dirigidas específicamente a consumidores y empresas para centrarnos en los propios proyectos de las Administraciones Públicas.

En principio, las políticas de gasto público en bienes y servicios tienen un mayor impacto sobre la renta que las transferencias o reducciones de impuestos, porque las primeras se gastan íntegramente, mientas que se ahorran partes de las segundas. Ahora bien, ¿cómo debe materializarse el gasto?

Dado que las administraciones están emitiendo deuda a gran escala para financiar el déficit, que tendrá que pagarse en el futuro, el gasto debe destinarse a los factores que eleven la productividad y el crecimiento con carácter permanente. La lista sería larga, pero nos centramos en aquellos que, sin duda, tienen una contribución positiva.

Uno de ellos es el gasto en infraestructuras que directamente mejore la productividad. Toda la infraestructura de red (autovías, trenes de alta velocidad y otros, puertos, etc.) contribuye a reducir la estructura de costes de las empresas. La mejora de las mismas en los polígonos y parques empresariales, así como las TIC, también. Como los recursos son escasos, hay que priorizar.

El Estado, las autonomías y los ayuntamientos (hay 8.000, que generan millones de interactuaciones con los ciudadanos cada año) podrían realizar una contribución impagable si invirtieran recursos de manera inteligente en mejorar a fondo -y a estimular su uso- todos los sistemas informáticos y de comunicaciones para reducir de manera sustancial el gasto (incluyendo el tiempo) en que incurrimos en nuestra relación con ellos. Servicios eficientes, simples, rápidos, transparentes, para mejorar nuestra competitividad. Esta implementación necesita coordinación entre todas ellas.

Para no alargar la lista, políticas que reduzcan a corto plazo el consumo energético representarían también una contribución muy positiva, en un país que sigue consumiendo un 20% más por unidad de PIB que la media UE.

No es el momento para solicitar ganancias en el poder adquisitivo, ya se sea pensionista, funcionario público o empleado privado. Es el momento para pensar en el futuro, actuando con responsabilidad en el presente.