EL debate que podríamos denominar "¿Quiere usted más o menos Estado?" adquirió mucha centralidad cuando la situación era tan buena que el mundo desarrollado parecía ir de lui même, solito y aparentemente sin tutela, según afirma el principio liberal económico que prescribe Dejar hacer, dejar pasar. La mano providencial del mercado -sobre todo la del financiero- resultó agarrar del cuello al sistema, asfixiándolo, mientras unos cuantos tempranillos globales -no sólo con despacho en Wall Street- se ponían las botas, legal o ilegalmente. La anorexia estatal propugnada por los liberales (rebautizados con el prefijo neo para no confundir churras y merinas) se enfrentaba ideológicamente a la intervención general del sector público, principio tenido por aquéllos como algo rancio y paralizante. El arrinconado keynesianismo interventor fue reclamado al aparecer la punta del iceberg de la crisis por la proa y, agotado el recurso del dinero público tras apagar los primeros fuegos bancarios, está de vuelta al cajón hasta nueva orden, por la obligación de reducir el gasto público para poder sobrevivir presupuestariamente en una situación de desplome de los ingresos. Menos Estado a la fuerza, o menos capacidad del Estado de intervenir en el fluir de las cosas: dinero no hay, o hay el justo para que no arda la paz social todavía, como parece arder en Grecia. En pocos años, los tres últimos, hemos dudado de la necesidad de Estado; después, hemos recuperado nuestro amor por él como salvavidas y, finalmente, vemos como adelgaza a la fuerza. De comparsa a anoréxico pasando por su canto del cisne, ¿su último momento de gloria?

Una vez enviada a la grada la controversia sobre el tamaño y la discrecionalidad de intervención del Estado, uno de los debates vigentes más suculentos -con permiso de los divorcios de toreros, los embarazos de cantantes y los photoshops principescos- es el de si queremos un comercio más libre o un comercio más justo. Ya que el llamado sistema no se refunda ni se reforma en una sesión fotográfica al estilo G-20, se plantean una de estas dos opciones: el comercio debe ser más justo, el comercio debe ser más libre. De hecho, éste es un debate que transita los papeles y las pantallas en el primer mundo. Un dato: en una encuesta de The Economist, esta semana, los lectores, mayoritariamente anglosajones, anteponen la libertad comercial a la justicia en las transacciones económicas. Los valores de cada nación tienen que ver con la riqueza de esas naciones y, claro está, con su religión. Quien tiene una posición dominante, defiende los valores que le llevaron a la hegemonía comercial. Miren la prosperidad de los territorios y miren después su religión: hallarán pocas sorpresas. Con pocas excepciones, protestantes ricos, católicos medianos o pobres, mayoría pobre de musulmanes, hinduistas y budistas. No entraremos ahora en si fue primero la gallina o el huevo.

El comercio libre estimula la especialización productiva entre los territorios y genera trabajo y, en general, unos niveles de riqueza que la autarquía y el aislamiento comercial no sólo no crea, sino que destruye. Por otra parte, sus perversiones -argumentan los críticos del liberalismo comercial duro- son la inevitable desigualdad entre países, y también la que se genera dentro de cada país entre los afortunados y hábiles, que están en el lugar adecuado, y los desdichados que están en la cara oscura. Cabe preguntarse si existe alternativa a la desigualdad fáctica, pero es incontrovertible el hecho de que una desigualdad extrema pone en peligro a todos, incluidos los que gozan de mejor posición. Potenciar la justicia en el comercio -conseguirla absolutamente es una evidente utopía- es a la postre una cuestión de valores compartidos, pero también de seguridad y supervivencia del propio sistema en vigor. Que, sea como sea, no será el de nuestros hijos.