Una regla de oro para Andalucía

EL anuncio del incremento de un 17% del presupuesto para obra pública hecho por la presidenta de la Junta de Andalucía, pese a su relativamente escaso importe -sólo 90 millones de euros- tiene alcance como planteamiento político. La cuestión fiscal no consiste en que los impuestos sean más bajos o más altos, ni en que se gaste más o menos, sino en que la recaudación fiscal sea justa, no resulte nociva para el consumo y la empresa, y el gasto sirva para crear empleo y bienestar.

Hay dos ideas que coinciden con la iniciativa de la presidenta. Una, de Mario Monti, que fue primer ministro de Italia y ahora presidente de la prestigiosa Universidad de Bocconi. Sostiene que debe haber un equilibrio en Europa entre la derecha, que piensa que el déficit presupuestario es una señal de despilfarro, y la izquierda, que defiende el gasto como solución para recuperar la economía. Recuerda Monti que en la época de la reconstrucción de Alemania, la regla de oro del presupuesto era que la deuda pública sólo se justificaba para dedicarla a inversión pública, generando empleo e ingresos para devolverla. La otra idea es que el Fondo Monetario Internacional, que ha sido el defensor más fuerte de la austeridad o recorte presupuestario (se dice que sus siglas FMI deberían significar: "Fiscalidad lo Más Importante"), rectifica y lanza una proclama a favor de la inversión en infraestructura. De hecho, calcula que un euro en infraestructura genera de media tres para el producto de la economía.

En España y Andalucía la inversión tiene que verse desde esta perspectiva, que podemos ampliar a cuatro ángulos. El primero, que la financiación de las inversiones no tiene que suponer una reducción de otras partidas presupuestarias, ni un aumento de impuestos. El segundo, que las infraestructuras de transporte marítimo, aéreo, ferrocarril y carretera tienen que dar una rentabilidad que en buena medida son ingresos directos, ya que los usuarios y beneficiarios han de pagar. Tercero, supone más empleo y menos gasto en desempleo, y el cobro de impuestos sobre sociedades y renta, que se estima en una media del 25% de lo que se genera. Y cuarto, la financiación puede estructurarse con tramos de mayor rentabilidad y riesgos para los inversores, con ventajas fiscales a los intereses, y garantías públicas; de hecho, los seguros y planes de pensiones mantienen alrededor del 41% de sus inversiones de deuda en bonos de infraestructuras.

La inversión pública en infraestructuras y su mantenimiento no debería ser, pues, una cuestión fundamentalmente presupuestaria, sino un programa europeo de transformación de la economía, donde el endeudamiento en sí tiene una importancia secundaria. No obstante, hay que ver muy bien de qué inversión se trata, pues fácilmente se denomina inversión a gastos que no tienen repercusión clara en el empleo y la transformación de la economía. La idea de la Junta de vincular la inversión al mantenimiento del tejido empresarial, la creación rápida de empleo estable y la incentivación de las empresas industriales es buena, pero llevarla a la práctica va a exigir un enorme esfuerzo de coordinación.