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Aumentar la confianza en el Gobierno andaluz

El último Índice de Calidad de Gobierno realizado por la Comisión Europea deja a Andalucía a la cola de España

Los últimos resultados del Índice de Calidad de Gobierno, realizado por la Comisión Europea y la Universidad de Gotemburgo, dejan una conclusión cuanto menos preocupante: los andaluces son los españoles que peor valoran a su gobierno autonómico. Dicho índice es subjetivo, es decir, valora la percepción que los ciudadanos europeos tienen de sus 278 ejecutivos regionales. Por lo tanto, sus conclusiones deben analizarse con precaución. Sin embargo, no pueden tomarse a la ligera ni obviarse, ya que ofrecen una foto nítida sobre cómo valoran las personas la labor que realizan los políticos y las instituciones que los gobiernan. Estamos, pues, ante un tema de confianza social que afecta no sólo a la imagen que un determinado pueblo tiene de sí mismo, sino también a la marca que se ofrece al exterior. Una sociedad que desconfía de sus instituciones difícilmente podrá enviar un mensaje positivo a inversores y talentos.

Aunque es cierto que Andalucía está mejor situada que la mayoría de las regiones de la Europa más genuinamente sureña (Italia, Grecia o Rumanía), también lo es que los resultados son desalentadores en el contexto español. Además, y lo que quizás es más preocupante, hemos perdido posiciones con respecto al último Índice de Calidad de Gobierno, realizado en 2013, cuando al menos conseguíamos una mejor puntuación que Canarias, Galicia, Extremadura y la Comunidad Valenciana.

Algo que revela el estudio y no deja de ser preocupante es que los andaluces y los españoles en general tienen una sensación generalizada de corrupción cuando apenas han presenciado directamente un acto corrupto. Es decir, cuando hablamos de corrupción lo hacemos más de oídas que por experiencia, lo cual deja claro que esta lacra, que evidentemente existe en la clase política, no se ha convertido todavía en un problema que afecte a la labor cotidiana de los empleados de la Administración pública. Somos, al parecer, menos corruptos de lo que creemos. En este sentido, la Junta de Andalucía debe tomar medidas para aumentar la confianza social de los ciudadanos en su labor cotidiana.

Otros asuntos, como la valoración de los servicios públicos, no se deben tanto a una cuestión de enfoque como a un problema real y cuantificable. La encuesta deja claro que los andaluces no están contentos en este aspecto con la labor de su Gobierno, lo cual debería mover, al menos, a una pausada reflexión.

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