Los editores de prensa de España han presentado una demanda por competencia desleal contra Meta, el conglomerado empresarial que incluye plataformas como Facebook, WhatsApp e Instagram. Lo han hecho a través de la organización que representa a la práctica totalidad del sector, la Asociación de Medios de Información (AMI), y en la reclamación judicial se exige una compensación de 550 millones de euros. La cantidad corresponde a la estimación que la asociación hace de las pérdidas ocasionadas por la sistemática y reiterada conculcación que ha hecho Meta de la legislación europea en materia de protección de datos y el abuso de posición de dominio en el mercado publicitario. La demanda explicita que el cien por cien de los ingresos obtenidos por el gigante californiano en publicidad segmentada son producto de un comportamiento ilegal, que ha ignorado sucesivos pronunciamientos de la Junta Europea de Protección de Datos y, en particular, el requerimiento del pasado 27 de octubre. Lo que subyace detrás de esta demanda, además de la lógica defensa de sus intereses que hacen las empresas de comunicación, es la denuncia del comportamiento abusivo de las grandes tecnológicas, que ponen en peligro tanto la propia viabilidad de los periódicos como la pervivencia del pluralismo informativo, que es consustancial a una sociedad libre. Esto, que es una evidencia en mercados globales, se produce con la misma intensidad en los locales. La información y la opinión de proximidad tienen una capacidad de articulación social que debe ser defendida como un bien colectivo. Quienes aspiran a acaparar el mercado publicitario, Meta es un claro ejemplo, eluden de forma consciente la legislación y basan su estrategia informativa en la apropiación de contenidos realizados por empresas que invierten en periodismo de calidad. AMI, con su actuación, pone en marcha una ofensiva judicial en la que, en definitiva, se está defendiendo la libertad de información como uno de los pilares de la democracia.