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El reciente escándalo de la fuga de datos de 50 millones de usuarios de Facebook, que la consultora Cambridge Analytica consiguió y utilizó de forma indebida para influir en la campaña electoral del actual presidente de los EEUU, Donald Trump, pone en evidencia los enormes peligros que acosan hoy en día a las democracias debido a la falta de control y regulación de las redes sociales. En los últimos tiempos, hemos visto cómo medios como Twitter o Facebook eran usados para propagar todo tipo de bulos y noticias falsas (fake news), con los que países como Rusia han intentado influir en diferentes elecciones o conflictos (el Brexit, el procés catalán...) aprovechando ese vasto espacio de impunidad que son las redes sociales. Ahora podemos decir que se da una vuelta de tuerca al problema y existe la sospecha de que la propia Facebook, como mínimo, no es capaz de dotar de seguridad a los datos que le proporcionan sus usuarios. Esto ha provocado ya que autoridades de EEUU y la Unión Europea exijan al fundador de dicha red social, Mark Zuckerberg, que dé explicaciones creíbles y solventes de que los datos de los ciudadanos no se están utilizando para manipular la democracia. Hasta la fecha, el popular empresario, símbolo para muchos del genio digital, apenas ha balbuceado excusas cuya inconsistencia ya ha provocado un desplome en bolsa de la compañía.
No podemos subestimar el problema. No estamos ante una amenaza de ciencia-ficción o ante una distopía literaria, sino ante un problema que ya ha causado y seguirá causando graves perjuicios a las democracias del mundo. Lo primero de lo que tenemos que ser conscientes es que las redes sociales aún no están dotadas de mecanismos de seguridad que impidan que se puedan robar y usar nuestros datos con los fines más diversos. Probablemente, nunca lo estén. Es un problema global que requiere una respuesta global, ya que la World Wide Web supera con creces la posibilidad de control de los gobiernos nacionales. En este sentido, EEUU y la Unión Europea deberían coordinar sus actuaciones y legislaciones para poder actuar con mayor eficacia contra esta amenaza.
Nos jugamos la calidad de nuestras democracias. De poco sirve garantizar unas elecciones limpias y libres si dejamos que, vía el ordenador o el teléfono móvil, los ciudadanos sean manipulados e intoxicados con información falsa o que sus datos sean utilizados con fines inconfesables.
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