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El bloqueo judicial como norma

Hay que persistir en el empeño de alcanzar un acuerdo para renovar los órganos judiciales, pero hay que señalar las intenciones de quienes impiden los cambios

El Tribunal Constitucional, el de Cuentas y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): estos tres órganos judiciales se encuentran con buena parte de sus vocales con el mandato caducado a consecuencia del desacuerdo del PP con los partidos que apoyan al Gobierno. El anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, explicó en repetidas ocasiones que contaba con el acuerdo del PP para renovar el Poder Judicial; hasta los nombres estaban apuntados, pero la estrategia del partido de Pablo Casado llevó a deshacer los pactos por cuestiones ajenas al gobierno de los jueces. Este órgano, que elige a los magistrados del Tribunal Supremo, caducó en diciembre de 2018, y para su renovación se necesitan tres quintos del Congreso y del Senado, lo que permite el bloqueo por parte del PP. Los populares se benefician de una estructura del Consejo General del Poder Judicial que obedece a la de 2015, cuando este partido gozó de una amplia mayoría; de modo que la responsabilidad del bloqueo es compartida, pero algunos tienen mayor interés que otros. El PP viene proponiendo que los jueces tengan mayor participación en la elección de los miembros del CGPJ, y es conveniente, pero esa no puede ser una nueva excusa para incurrir en una situación que desprestigia a las instituciones. Tampoco fue acertado que el Gobierno intentase modificar la ley para que los vocales fueran elegidos por una mayoría más débil, lo que evitaría el bloqueo pero daría demasiado poder al Ejecutivo. Hay que persistir en el empeño, pero hay que señalar las intenciones. Más grave aún si cabe es la situación del Tribunal Constitucional, ya que ha redactado sentencias de gran impacto social y tiene pendientes otras de hondo calado como la de las leyes del aborto y la eutanasia. Sería conveniente que el Constitucional se haya renovado cuando se adopten las nuevas decisiones. Hay cuatro vocales con el mandato caducado e, incluso, una vacante por un magistrado que tuvo que dimitir. El Tribunal de Cuentas también cumplió su mandato el pasado mes de julio, sin que se atisbe un acuerdo.

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