Una mesa de negociación que nos afecta a todos

En la mesa del Gobierno con la Generalitat se están tratando cuestiones que afectarán al conjunto de las autonomías

Todavía es excesivamente pronto para valorar los errores y aciertos de la llamada Coalición Progresista o Gobierno de Progreso que ha aupado al poder a la alianza entre el PSOE y Unidas Podemos, una mezcla de la nueva y la vieja política apoyada parlamentariamente por un conglomerado de partidos unidos por el denominador común de sus posturas contrarias a la Constitución e, incluso, a la unidad del Estado. Decisiones como el salario mínimo interprofesional pueden parecer ahora errores de bulto y luego revelarse como positivas. Es una incógnita que el tiempo despejará. Sin embargo, sí ha habido ya un movimiento del Gobierno, y muy especialmente de su presidente, Pedro Sánchez, que puede considerarse ya como una equivocación sin paliativos: la mesa constituida entre el Ejecutivo nacional y la Generalitat para negociar sobre el ahora llamado, como así quieren los independentistas, "conflicto catalán". Es evidente que con esa mesa se legitima políticamente desde el poder central una serie de actitudes que no sólo han sido condenadas por el Tribunal Supremo, sino que provocaron de forma unilateral y con evidente mala fe una verdadera crisis nacional. Pero lo más grave, lo más nocivo de dicha mesa, es que supone una clara ruptura del modelo territorial basado en la igualdad entre todas las autonomías. Porque es evidente que en la mesa del Gobierno con los independentistas (de la parte catalana no hay ni un solo constitucionalista) no se está hablando de cuestiones concretas para mejorar la vida de los ciudadanos de una zona de España, como puede ser la construcción de una determinada infraestructura, sino del llamado "encaje" de Cataluña en España, lo cual tendrá inevitables consencuencias en el sistema autonómico en el que están insertas todas las regiones del país. Es decir, que decisiones que probablemente tendrán importantes repercusiones en Andalucía, Aragón, Galicia o Canarias están siendo tratadas sin que los representantes de estos territorios tengan ni voz ni voto. Un error del Gobierno que pagaremos todos.

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