Una oportunidad que no podemos perder

EL pasado martes 26, el Consejo de Ministros ha visto en primera vuelta el anteproyecto de Ley para la declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves en la provincia de Málaga. Esto implica dar un paso más hacia la creación del decimosexto Parque Nacional de España y el tercero en territorio andaluz, tras los de Doñana y Sierra Nevada, pero aún queda un camino largo que recorrer. La Propuesta ha tenido una primera lectura en el seno del Consejo de Ministros y pasará por una aprobación definitiva en el mismo Consejo. Tras eso, se remitirá como proyecto de Ley a las Cortes Generales y, en caso de superar todos los trámites, Sierra de las Nieves será realmente un Parque Nacional (PN).

La declaración de un Parque Nacional es compleja y requiere un largo periodo de tiempo. La complejidad la define no sólo la redacción de un documento coherente y su posterior tramitación administrativa, sino también la necesidad de alcanzar un consenso entre todos los actores implicados en el proceso, desde el inicio de la idea de materializar la figura de Parque Nacional en un territorio hasta la celebración del primer Consejo de Participación.

En ese largo camino a recorrer son múltiples las sesiones de trabajo técnicas y políticas entre administraciones locales, autonómicas y nacionales. La implicación plena de todos los actores con un mismo objetivo no es sinónimo de que se pueda alcanzar un buen fin, ya que son muchos y variopintos los intereses y las visiones de los actores que deben materializarse en consensos imprescindibles para empujar lo necesario hasta llegar al Consejo de Ministros. El camino no está exento de obstáculos, máxime cuando los intereses son diferentes y todo se complica cuando las administraciones están gobernadas por partidos de diferentes signos políticos. Toda esta complejidad se ha vivido intensamente en la tramitación de este futuro Parque Nacional.

La figura de protección ambiental de Parque Nacional es una potestad del Estado, pero requiere del acuerdo de tres partes: el Estado (que posee en exclusividad la capacidad de decidir si una determinada área geográfica puede o no, ser Parque Nacional), el territorio (que decide o no querer ser PN) y la administración autonómica, cuyo crucial papel sirve de instrumento mediador entre los dos actores anteriores, siendo además la encargada de la redacción de un documento que satisfaga a todas las partes.

Mucho tiempo antes del inicio de la tramitación de la figura de PN, es clave el trabajo sobre el territorio: la población debe estar plenamente convencida de lo que implica convivir en un espacio protegido como es la figura de Parque Nacional. Cuando un territorio se declara parque nacional, es casi imposible su vuelta atrás, porque queda de por vida protegido con una norma muy estricta para aprobar nuevos yacimientos económicos que choquen con la conservación de sus ecosistemas. Ejemplo de ello son las enormes tensiones que sufren otros Parques Nacionales de Andalucía. Por ello las corporaciones locales y la ciudadanía que habita ese territorio han de ser muy conscientes de los compromisos que se adquieren cuando se unen a este club exclusivo. La idea de que la figura de Parque Nacional otorga a un territorio una oportunidad económica, es demasiado simple. Es imprescindible analizar en profundidad las consecuencias negativas y los efectos colaterales que ello conlleva.

En el caso del PN Sierra de las Nieves, han sido los ayuntamientos los que han impulsado su declaración desde el inicio. Cuando llegué a la Dirección General, tenía la obligación de conocer tanto si la iniciativa tenía vocación local o era una entelequia que emanaba de los poderes públicos locales y estaba alejada de la ciudadanía, como si el territorio era consciente de lo que implicaba ser parque nacional: las restricciones y prohibiciones a futuros desarrollos económicos que conlleva esta figura de protección. Para ello se mantuvieron reuniones interminables y provocadoras en las que se expusieron de forma exhaustiva y cruda los inconvenientes de que, al vivir en un PN, no es posible impulsar iniciativas económicas que choquen con la protección ambiental. Se hizo especial hincapié en las frustraciones y animadversiones al futuro Parque Nacional que podrían acarrear consecuencias dolorosas. Son ejemplos de ello iniciativas económicas de los cultivos de tomates bajo plástico en el PN de Sierra Nevada o las extracciones de agua en los acuíferos del PN de Doñana para los regadíos próximos a él. La sorpresa grata final, tras estos encuentros, fue comprobar que ayuntamientos de todos los colores políticos, se mantenían unidos a pesar del envite. El examen lo pasaron con nota alta.

Las negociaciones con el Ministerio, en concreto con el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, OAPN, tampoco fueron fáciles. Los límites del futuro parque, la redacción del documento justificativo y los tiempos administrativos fueron tres escollos que se superaron poco a poco a pesar de ocurrir entre gobiernos de diferente signo político. Esto último, en contra de lo que se podría pensar, no fue realmente un problema.

Con buenas dosis de diplomacia, se creó un clima de entendimiento que facilitó alcanzar acuerdos.

Así que, volviendo a la aprobación en primera lectura en el Consejo de Ministros del 26 de enero, nos queda aún una larga y compleja senda por recorrer. Ademas de los tramites institucionales a nivel nacional, queda mucho trabajo por hacer en Andalucía. Es necesario tener una gran pericia y un buen hacer para cimentar bien los pilares en los que se va a sustentar el futuro PN Sierra de las Nieves: la constitución del cuerpo técnico y administrativo, las partidas presupuestarias que se destinen a su gestión, las ubicaciones de las oficinas y el nombramiento de las personas que dirijan este espacio protegido, serán los indicadores que medirán la salud del espacio en el inicio de su andadura y marcaran la próxima década. Esta fase se inicio en el 2017. Ha pasado tiempo más que suficiente para evitar las improvisaciones y que estas, de haberlas, no provoquen heridas que permanecerán abiertas largo tiempo y marcaran negativamente la gestión y la credibilidad del Parque Nacional Sierra de las Nieves.

La Junta de Andalucía es quien tiene la iniciativa y de ella depende exclusivamente. Pero es el territorio quien tiene el reto de aceptar o no las propuestas que aquella le plantee. El territorio tiene la última palabra con su participación activa dentro y fuera de los órganos de participación del PN.

Javier Madrid Rojo es ex director general de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos de la Junta de Andalucía