La Asociación Andaluza Pro Derechos Humanos denuncia racismo en El Saucejo

La Asociación Andaluza Pro Derechos Humanos de los Menores ha denunciado hoy los comportamientos racistas y agresiones a los que son sometidos los gitanos de la localidad sevillana de El Saucejo, que han obligado a 7 familias a abandonar sus casas.

En rueda de prensa, la portavoz de la asociación, Asunción García Acosta, ha explicado que el pasado 29 de febrero siete gitanos, que siempre han vivido en la localidad, fueron atacados por 150 vecinos payos, y al defenderse, fueron detenidos y acusados de tentativa de homicidio, desórdenes, lesiones y daños, mientras que los atacantes ni siquiera tuvieron que ir a prestar declaración.

Yolanda Guerrero, mujer de uno de los detenidos, ha recordado que el conflicto con los vecinos comenzó cuando en 2006 unos gitanos fueron agredidos por querer entrar en una carpa durante la romería.

En una segunda pelea, un vecino de la localidad fue herido y acusó a un gitano, que según la Asociación Pro Derechos Humanos, no pudo agredir a nadie porque estaba en el hospital siendo atendido de la primera reyerta.

Tras los incidentes, se produjo una manifestación en el municipio en la que se destrozaron varios vehículos, se amenazó a los niños de los gitanos, y se quemaron varias Viviendas de Protección Oficial que estaban en construcción.

Según ha apuntado Guerrero, quemaron las casas para evitar que fueran más gitanos a vivir a la localidad, aunque ha asegurado que sólo dos personas de esta etnia optaban al sorteo, que aún no se había celebrado.

Desde entonces, estas siete familias se han visto obligadas a vivir en Osuna en viviendas alquiladas, lo que no les permite pagar la hipoteca de sus casas en propiedad de El Saucejo.

Durante su ausencia, sus casas y sus coches han sido asaltados, por lo que necesitan protección de la Guardia Civil cuando quieren volver a la localidad, además de sufrir insultos y amenazas cuando se encuentran con algunos de los vecinos en Osuna, donde actualmente residen.

Inmaculada Caíz, otra de las mujeres de los detenidos, ha asegurado que las demás familias gitanas viven "sin salir de sus casas" por miedo y ha declarado que son cinco o seis personas las que mueven al pueblo contra ellos, sobre todo jóvenes.

Por su parte, el abogado de las familias gitanas, Jorge García Acosta, ha destacado la "desproporción" de las medidas tomadas contra sus representados, ya que no comenzaron la pelea ocurrida el 29 de febrero pasado y estaban en minoría, además de que no hay riesgo de fuga debido al arraigo de estas personas, único motivo que puede justificar la prisión provisional que están sufriendo.

Ha alegado que tienen hijos escolarizados y trabajos a los que volver, lo que demuestra suficientemente su arraigo, y que permite su "excarcelación", una medida que apoya el Ministerio Fiscal, sobre todo al considerar que sólo uno de ellos tiene antecedentes penales, y por un delito muy diferente al que se le imputa actualmente.