Diez años después de que se aprobara inicialmente el PGOU de Bollullos de la Mitación -cuyo desarrollo se quedó sobre la mesa porque sobrevinieron los límites que impuso la Junta- empiezan a generalizarse las reclamaciones por los convenios urbanísticos que se firmaron sin materializarse. Los últimos en presentar una al Consistorio han sido los administradores concursales (en este caso, la empresa ya está en liquidación) de Promociones Inmobiliarias Edificarte, que en octubre de 2006 firmó un convenio para que se le recalificaran de rústicos a urbanizables casi 400.000 metros cuadrados de las fincas Matahambre y El Prado. Por la operación abonaron al Consistorio casi 1,4 millones de euros, cuya devolución piden ahora, con los intereses, que no especifican. El Ayuntamiento suma con ésta más de seis millones de euros en reclamaciones de este tipo.

Según el actual alcalde, Fernando Soriano (IU), como en otros casos, intentarán "pelear" en los tribunales para que la reclamación suponga los menores perjuicios económicos al Ayuntamiento. "Entendemos que la ciudadanía no debe pagar por las tropelías de la burbuja", lamentó, y volvió a denunciar que éstas son las facturas de la "política de barra libre -impuestos bajos o servicios gratuitos, independientemente del nivel de renta- que el PP practicó en algunos municipios del Aljarafe, como Bollullos y Espartinas", el "falso milagro económico, que no se basaba en otra cosa que en la especulación urbanística", dijo. En 2007, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) limitó los crecimientos a un 30% más de población y un 40% del suelo urbano, con excepciones en las llamadas áreas de oportunidad. Pero, aun con éstas, Bollullos sobrepasaba con creces esa cifra, con lo que el PGOU se hizo inviable y, luego, sobrevino la crisis. Casi una década después, están llegando las reclamaciones.

Además de la última de Edificarte, el Ayuntamiento tiene una reclamación recurrida ante el TSJA por más de tres millones; en fase judicial hay otra por casi 1,3 millones; y está pagando una más a una empresa que logró una sentencia a su favor del TSJA, por 364.000 euros, que se le abonarán en tres años y ya se ha hecho un primer pago de 150.000.

El anterior gobierno local llegó a firmar ocho convenios urbanísticos de cara al PGOU, antes de que entrara en vigor la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en 2007, que introdujo como novedad la prohibición de gastar esos ingresos por convenios antes de que la recalificación fuera efectiva. Para el nuevo regidor -que gobierna gracias a un pacto con el PSOE, porque el PP volvió a ser el más votado-, pese a que no fuera una exigencia legal entonces "la prudencia ya recomendaba no gastar ese dinero", que, salvo que los tribunales dictaminen otra cosa, el Ayuntamiento se verá obligado a devolver". Soriano denuncia que se siguió tirando de estas partidas incluso en plena crisis económica.